Los recursos que se han tomado de la administración o de otras dependencias se orientan precisamente a programas que demandan enormes cantidades de recursos y son poco eficaces para resolver los problemas sociales del país.
Uno de los grandes temas que se discuten en el desarrollo de los países es el de la pobreza, y sobre el mismo se han implementado numerosos programas en el mundo, tratando de erradicarla. En torno al mismo se discute al capitalismo y al socialismo. Sin embargo, en medio de este debate el populismo aparece como un medio político de aprovecharse de la situación, al menos en el tema económico.
En México, los programas sociales de diversa índole fueron uno de los medios de control político durante el siglo pasado. La mayoría de ellos estaban orientados al sostenimiento de la pobreza, no a su solución, por ello no se logró avanzar significativamente a través de ellos.
Sin embargo, hay que distinguir entre aquellos que eran de tipo asistencial y su naturaleza era adecuada para la población objetivo que atendían, por ser personas cuya condición les impedía ser sujetos de su propio desarrollo y, por tanto, requerían de un auxilio que les permitiera una mejor subsistencia.
De los programas aplicados en el pasado, el mejor evaluado y sostenido a través del tiempo, fue el de Progresa-Oportunidades, que, si bien tenía un componente de transferencias monetarias, estaba condicionado y vinculado a metas concretas en materia de alimentación, salud y educación, buscando superar el asistencialismo para convertirlo en un apoyo subsidiario que, aunque a largo plazo, permitiera que las familias beneficiarias transformaran sus condiciones de vida.
El programa antes señalado tuvo aciertos y defectos, pero, a fin de cuentas, es el que ha resultado mejor evaluado y sus veinte años de vida permitieron que Coneval lo revisara y emitiera sus conclusiones, dando cabida a “pobretólogos” de todos los signos para que emitieran su opinión. En su momento, las áreas de desarrollo social del gobierno lo tuvieron como su programa estrella y por sus características de focalización no fue muy eficaz como elemento de control político, sin que ello signifique que no haya habido intentos de usarlo, pero con resultados limitados.
Sin embargo, las transferencias de recursos prácticamente no condicionadas, como el de apoyo a los adultos mayores en el Distrito Federal, en tiempo de Andrés Manuel López Obrador, marcaron una hoja de ruta exitosa para la propaganda y el control político. Y aunque la población de adultos mayores no sea muy amplia, el efecto de adhesión que provocó en los beneficiarios y sus familiares, resultó clave en la popularidad del hoy presidente.
A su llegada a la Presidencia de la República, López Obrador incrementó este tipo de transferencias económicas e, incluso, algunas de ellas han sido elevadas a derechos constitucionales, aunque no se ha avanzado sólidamente en la debatida pensión universal, ha venido a desempeñar un papel muy importante en el juego político del actual sexenio y que, podría pensarse, incidió en la geografía del voto a favor de Morena en las recientes elecciones, y eso que a pesar de ser hoy un derecho para los adultos mayores definidos en el programa, no todos han sido reales beneficiarios del mismo, pues existen discriminaciones o limitaciones que aún dejan a muchos adultos mayores fuera del beneficio.
Este tipo de transferencias que abarcan a muchos jóvenes también, no han sido evaluados con rigor y no han sido objeto de reglas de operación claras y precisas, lo cual ha provocado que las críticas sobre los mismos y su ineficacia hayan sido señaladas en varias ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación, sin que pase nada.
Por otra parte, también se ha señalado que dentro de la austeridad definida por la presidencia, los recursos que se han tomado de la administración o de otras dependencias se orientan precisamente a este tipo de programas que demandan enormes cantidades de recursos y son poco eficaces para resolver los problemas sociales del país, en tanto que la inversión pública necesaria ha caído o se ha orientado a los programas preferidos del residente.
Ahora, el presidente ha anunciado un incremento en el monto de las transferencias a los adultos mayores a partir de julio, y la meta de que los beneficiarios reciban seis mil pesos a finales del sexenio. Esta inyección de recursos va acompañada de la incorporación, al menos teórica, de un mayor número de beneficiarios, pues se disminuye la edad a la que es posible ser incorporados al programa.
Además de la necesidad de evaluar y emitir los informes correspondientes respecto de los programas sociales en materia de combate a la pobreza, y que de acuerdo con las cifras sobre la materia lejos de disminuir se acrecienta, habría que evaluar cuál es el efecto político que tuvieron los mismos, y cuál es el que se espera para el proceso electoral de 2024.
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