Hace varios años, el Ministro de la Suprema Corte, Lic. Abraham Polo Uscanga, renunció al cargo alegando que había sido presionado por el Presidente de la misma a tomar una resolución que consideraba contraria a Derecho, porque era ¡“asunto de Estado”! Poco después fue impunemente asesinado.
En muchos países, la historia registra delitos cometidos, a veces brutales, con la misma cantinela: sus autores obraron así obedeciendo órdenes superiores, “de arriba”, “por razones de Estado”. En América Latina tenemos, desgraciadamente, abundantes ejemplos de casos en que servidores públicos han utilizado, para combatir la delincuencia o la simple y legal disidencia, acciones a su vez ilegales. Pero no solamente ha sido la acción oficial, policíaca y/o militar contraria a la Ley, sino violatoria bárbaramente de la más elemental dignidad humana.
Los gobernantes, cuando tienen poder para decidir acciones de investigación o de fuerza pública, y carecen de escrúpulos morales y legales para que se hagan fuera de la Ley, y se creen intocables por el Derecho y la Historia, ordenan que tal o cual cosa se lleve a cabo “a como dé lugar”, o como le parezca conveniente al operador policíaco o militar, es decir manos libres, sin importar los medios y bajo el supuesto de impunidad absoluta, pero obtener resultados.
Lo que se olvida, es que no se puede actuar en nombre y en defensa del Estado, pisoteando el Derecho de ese Estado. Pasar sobre el Estado por el Estado, es una aberración política. Muchas veces la orden o el permiso a mandos policíacos y/o militares de actuar fuera de la Ley, es bajo el supuesto de la inoperancia de esa Ley, sea en tiempo o en eficiencia para perseguir el delito, sobre todo la guerrilla urbana o rural, el terrorismo o la delincuencia común a gran escala.
Pero muchas veces se pretende actuar “por razón de Estado”, no para preservar los intereses de la Nación, sino los muy particulares del grupo en el poder, generalmente contrarios a los intereses nacionales. Este es el caso de ordenar la actuación con manos libres sobre el Derecho contra la disidencia o la crítica adversa. Las listas de líderes sociales y políticos así como de periodistas muertos o desaparecidos en muchos países, incluido el nuestro, es demasiado amplia para la conciencia humana.
La acción del poder público fuera y sobre la legalidad en los medios utilizados, por razones de Estado, tiene el inconveniente de que si se acepta que el fin justifica los medios, entonces el principio es válido también para la contraparte, el perseguido político, el delincuente, el rebelde o la víctima inocente que lo han sufrido, y por tanto cualquier forma de venganza contra los actores materiales e intelectuales, o aún contra la sociedad o hasta terceras partes, se valida.
Pero justificar la orden o el permiso de usar ilegalmente el poder público, lleva a la disipación de la conciencia de los actores políticos, policíacos y militares, para permitirse el uso y abuso de la fuerza contra quien sea y como sea sin cargo alguno de conciencia ni temor a la penalización. Una vez que se reciben órdenes, o se observa su cumplimiento, de actuar contra Derecho en el supuesto beneficio del Estado, se siente la libertad de actuar impunemente violando derechos humanos de delincuentes, disidentes y personas inocentes.
Peor todavía, es que una vez perdida la conciencia, no solamente se actúa por orden superior o propia iniciativa pasando sobre el Derecho, sino que se aprende a disfrutar hechos como la tortura, el asesinato y el saqueo. La forma en que un torturador actúa, disfrutando el dolor de su víctima, está bien testimoniado y documentado en muchas partes del mundo.
Muy grave es también la actitud, real o fingida, pero la mayoría de las veces auténtica, de parte del actor material o intelectual que pasa sobre el Estado de Derecho en nombre del interés nacional, de creer que actuó en defensa de la patria, al servicio de ella, de la sociedad. La manera de sentirse “realizado” es creerlo y decirlo así, para estar bien consigo mismo y suponer que también los demás lo verán de esa manera: cumplía un deber patriótico. “No sé si hice bien o mal, pero defendí a la Nación, obedecí órdenes superiores de hacerlo así y las órdenes no se discuten”, dicen torturadores y asesinos de detenidos.
El convencimiento de ser legítimo pasar sobre la Ley para defender al Estado, lleva a responsables de fuerzas policíacas, militares y agencias de seguridad nacional a servirse de cualquier medio para cumplir su función, actuando a iniciativa propia y aún sin enterar a la autoridad legítima a la que deben rendir cuentas. Agencias de seguridad de varios países son acusadas de sabotear, atacar y asesinar impunemente a quienes ven como enemigos de su patria o de la misma agencia, como lo más natural del mundo.
La humanidad no puede permitirse el triste lujo de que los detentadores del poder público ordenen y actúen fuera de la Ley para supuestamente defender a la Nación. No valen presuntas “razones de Estado” para pisotear al Estado, no vale confundir intencional o irracionalmente el propio interés con el nacional. Como Nación, debemos asegurarnos al máximo humanamente posible, que no se repita la ilegalidad ordenada, permitida y/o obedecida por “razones de Estado”. Sin duda que demostrar procesalmente que la impunidad de dichas acciones ya no existe, y que los delincuentes (intelectuales y/o materiales) sean procesados y castigados, es en beneficio de la salud legal y mental de una nación.
La historia no olvidará la “solución final del problema judío” hitleriana, las purgas comunistas, ni las guerras sucias de países como Argentina, Chile, México, El Salvador o Guatemala. Mantener el recuerdo de dichas barbaries es útil para no caer de nuevo en la acción delictiva al proteger al Estado. La “obediencia debida”, las “ordenes superiores”, la tortura y el asesinato político no deben repetirse.
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