Es necesario la apertura total de las sentencias emitidas, ya que si la sociedad no tiene acceso a ellas, no puede evaluar la forma en que se imparte la justicia.
La publicación de las sentencias judiciales son una de las principales fuentes de información para poder determinar la calidad de justicia que reciben las personas, pues permiten saber si existen diferencias en el acceso a la justicia entre diferentes grupos, señaló Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI.
“Es necesario un Poder Judicial abierto que mejore la capacidad de respuesta a las demandas de justicia de la sociedad, favorezca la legitimidad, la rendición de cuentas y contribuya a reparar las violaciones a derechos humanos”, resaltó el consejero del INAI en el mensaje de bienvenida al curso: “Las versiones públicas de las sentencias para una justicia abierta”, que se realizó de manera virtual en Quintana Roo.
Alcalá Méndez resaltó la necesidad de la apertura total de las sentencias emitidas, ya que si la sociedad no tiene acceso a ellas, no puede evaluar la forma en que se imparte la justicia. “Esto trae como consecuencia la imposibilidad de evitar que se dicten sentencias discriminatorias o que tengan lugar actos de corrupción, pues la labor de los juzgados se encuentra al margen del escrutinio ciudadano”, aseveró.
Consideró que la publicidad de las sentencias es un elemento esencial para una justicia más accesible y libre de discriminación. “Con las sentencias en mano será fácil saber cómo, por qué y a quién le falla la justicia”, sostuvo. Por su parte, el magistrado Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justica y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, dijo que ese poder está trabajando para contar con versiones públicas de todas las sentencias en agosto.
María del Carmen Nava Polina, coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), dijo que “sería ideal poder tener una perspectiva amplia de lo que implica la justicia abierta, no sólo en términos de las instituciones judiciales, sino también de cualquier institución pública que tome resoluciones en materia semijurisdiccional, por ejemplo, en materia de derechos humanos, para tener un espectro amplio de lo que implica la impartición de justicia”, concluyó.
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