Para disminuir la informalidad, la CEPAL recomienda que las políticas públicas en esta materia no se elaboren de manera general, sino que consideren a cada región, toda vez que cada una tiene una situación diferente.
La informalidad laboral en México que de acuerdo a cifras oficiales abarca al 50 por ciento de la población ocupada, al analizar cada una de las entidades federativas puede en realidad ser de hasta 80 por ciento, similar a la de un país africano, destacó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En el análisis “Estimaciones de la informalidad en México a nivel subnacional”, elaborado por el organismo internacional y que fue presentado durante un seminario organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se destaca que seis de cada 10 municipios se encuentran en alto riesgo de informalidad.
“Baja California y Baja California Sur tienen en promedio las menores probabilidades estimadas de informalidad, así como la menor dispersión en los valores municipales. Esto podría explicarse tanto por la escasa población residente como por el bajo número de municipios con los que cuentan. En cambio, los estados de Oaxaca y Puebla tienen las mayores probabilidades de informalidad, con una variabilidad significativa entre municipios. Por último, los estados de Chihuahua, Nuevo León y Sonora, aunque cuentan con valores medios estimados de informalidad, presentan la mayor variabilidad de datos con respecto al promedio estatal, lo que da cuenta de la heterogeneidad entre municipios de la misma entidad federativa. Este aspecto es relevante a la hora de focalizar las políticas públicas locales”, señala el estudio.
En la zona suroeste (Chiapas, Guerrero, Oaxaca), el 87% de sus municipios se encuentra en alto riesgo de informalidad, la región este (Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz) es la segunda con el mayor nivel con una cifra de 65 por ciento de sus localidades. En el tercer lugar, se ubica el sureste (Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán) con 56 por ciento.
El director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL y el director general de Investigación y Estadísticas del Trabajo de la STPS, Roberto Gerhard, presentaron el estudio que recomienda que las políticas para atender la informalidad deben ser focalizadas y diferenciadas.
“Son muchos los factores sociales, culturales y económicos que son propios del lugar que inciden en la informalidad. En ese sentido, se requieren respuestas diferenciadas que sean sensibles al territorio, porque los determinantes y lo que ocasiona la informalidad, es diferenciado en donde yo me encuentre”, advierte el informe.
Asimismo, resalta que el mayor número de trabajadores informales se encuentra en el sector de servicios; sin embargo, dentro de la agricultura o de la construcción, el porcentaje de informales es de los más altos.
Las consecuencias negativas que afectan a cada persona que se desenvuelve en la informalidad es la falta de acceso a seguridad social, bajos salarios, asistencia de derechos laborales; también hay un menor acceso a financiamiento, participación en el sector financiero e inestabilidad en el empleo.
Desde el punto de vista de un país, afecta con bajos niveles de recaudación tanto en la seguridad social como en la hacienda pública, una baja productividad en la economía, retroalimenta los ciclos de pobreza al interior del país, también perpetúa prácticas de discriminación y probablemente de autoselección, resalta el estudio.
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