La actuación de la enfermera que engañó a un adulto mayor, fingiendo que le administraba la vacuna contra el COVID deja claro que el presidente, sus subordinados y sus títeres de Morena revisten la salud de la ciudadanía.
Creo que ya es de todos sabido el caso de la enfermera que engañó a un adulto mayor, fingiendo que le administraba la vacuna contra el COVID cuando en realidad únicamente le introdujo en el brazo la aguja de la jeringa, sin inyectarle nada. El Gobierno Federal y sus diversos órganos han tratado de minimizar el incidente tildándolo de montaje, simple error humano y otras tonterías. La enfermera protagonista de la escena en cuestión fue castigada con la exclusión del programa de vacunación. Tanto la actuación de la susodicha enfermera, como la consiguiente respuesta a la “travesura” de esta última por parte de los organismos gubernamentales de salud, deja muy en claro la importancia que para el presidente de la República, sus subordinados y sus títeres de Morena revisten la salud de la ciudadanía.
El ciudadano que fue víctima de la despiadada broma de la enfermera fue colocado por esta última en riesgo grave de muerte. De no haberse hecho público el incidente, con toda probabilidad la víctima y su familia estarían muy tranquilos, pensando que ya estaba inmunizado en contra del virus, con el consiguiente riesgo grave para su vida. La enfermera, quien por su formación conoce mejor la trascendencia de la vacuna, y está por lo mismo más consciente del riesgo de no recibirla, no podía ignorar el peligro ante el que su jugarreta colocaba a su paciente. Su acción constituye un crimen alevoso, un atentado consciente contra la vida de una persona. Ahora bien, ¿por qué lo haría? ¿Para vender esa vacuna en el mercado negro o aplicársela a algún familiar o amigo que aún no llega a la edad requerida? ¿Fue lo que quedó grabado en video un caso aislado o ya la susodicha enfermera había montado su teatrito en otras ocasiones? ¿Cuántos ciudadanos andarán por ahí, confiados en que están ya vacunados mientras en realidad el virus los acecha imparable e inmisericorde en cualquier esquina? ¿La enfermera actuó por iniciativa personal o su escamoteo de la vacuna corresponde también a la política de austeridad republicana, como las carencias deliberadas de medicamentos para los niños con cáncer y otros casos parecidos? ¿Cuántos funcionarios del gobierno, y hasta qué nivel, están involucrados en este plan diabólico? ¿Cuántas otras enfermeras –obligadas por sus jefes o motivadas por oscuros propósitos personales– andarán por ahí, pinchando los brazos de la ciudadanía sin inyectarles la vacuna?
La enfermera delincuente, sin embargo, solamente ha recibido como castigo una amonestación y un cambio de actividad. ¿Es eso el castigo que merecen quienes atentan contra la vida de la ciudadanía? ¿Ese castigo podrá disuadir de sus intenciones malvadas a otros personajes que estén medrando en la crisis sanitaria? Claro que tal magnanimidad de parte de las autoridades de salud hacia los criminales se entiende cuando pensamos que el máximo responsable de la salud de los mexicanos está más interesado en ver a quién acusa de algo que en la cifra de muertos causada por la aplicación de sus otros datos.
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