De concretarse las reformas a la Ley de Hidrocarburos propuestas por AMLO, se desplazaría a las empresas privadas, las cuales además corren el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes.
Cambiar la política energética del país sigue siendo una prioridad para el presidente López Obrador, quien ahora busca reformar la Ley de Hidrocarburos, por lo que envió una iniciativa a la Cámara de Diputados con su propuesta que tiene la finalidad el “fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad, así como la soberanía energética y la palanca de desarrollo nacional”.
La propuesta justifica los cambios propuestos en que “la privatización en el sector de hidrocarburos en México es un sinónimo de corrupción”. Asimismo, señala que existe una desigualdad en el acceso a la energía que se deriva principalmente de la “corrupción y de diversas actividades ilícitas”.
De acuerdo al documento que el mandatario hizo llegar al legislativo el viernes por la tarde, indica que “las empresas productivas del Estado jueguen un papel más activo en el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, todas ellas actividades sujetas a los permisos que otorgue la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda”.
Por tal motivo, resalta el documento, “se considera inadecuado dejar la protección de dichas actividades en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Advierten grandes riesgos
En caso de aprobarse la propuesta del presidente para reformar la Ley de Hidrocarburos, se daría “una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México, lo cual afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración y especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho”, consideró el Centro de Investigación en Política Pública IMCO.
De acuerdo a un análisis, advirtió que la iniciativa amenaza con expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También indica que otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo y establece que estas dependencias podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos, como es el caso de las gasolineras, cuando estas consideren que sus actividades representan un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.
En dicho caso, tales autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos por alguna de las causales señaladas anteriormente y contratar a empresas productivas del Estado para que estas manejen y controlen las instalaciones ocupadas, haciendo uso incluso del personal de los permisionarios, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que ampara el permiso suspendido; lo que, en los hechos, representaría un acto de expropiación directa, indica el análisis.
Asimismo, el IMCO advierte que la iniciativa presidencial conlleva repercusiones negativas para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex, “cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas”.
Además, resalta que la reforma impacta directamente a las empresas que operan en estos segmentos al generar un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades reguladoras.
El IMCO también considera que los cambios propuestos tienen el propósito de que Pemex mantenga su papel preponderante en el sector de hidrocarburos, esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes como la seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional.
Finalmente, considera que la iniciativa pone en riesgo a la certidumbre jurídica en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Te puede interesar: Coparmex llama al gobierno a fortalecer la seguridad energética del país
