Las políticas de autorregulación de internet deben considerar buenas prácticas, estándares internacionales de derechos humanos; deben ser claros, transparentes, inteligibles y abiertamente comunicados a todos los usuarios.
Internet y las nuevas tecnologías profundizaron un ejercicio más abierto, diverso y plural de las libertades de pensamiento y expresión y de prensa, no obstante, existen desafíos como el exceso de regulaciones estatales y un nuevo entorno con actores privados que puedan ejercer un poder abusivo sobre la circulación de la información, por lo que deben crearse mecanismos más eficientes de rendición de cuentas, moderación de contenidos, cancelaciones y buenas prácticas, señaló Jorge Canahuati Larach, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Asimismo, alertó del peligro sobre el movimiento de legisladores en varios países que buscan regular en exceso las redes sociales o que los gobiernos incentiven mecanismos supranacionales, “ya que suelen embarrarse en discusiones entre países democráticos y autoritarios”, tras las cuales, se termina por establecer restricciones a la libre expresión.
Consideró que cualquier restricción y sanción ulterior que afecte el derecho a difundir, compartir o divulgar informaciones e ideas en internet debe ser establecida por ley de acuerdo a las consideraciones que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Señaló que en cualquier caso y más allá de la autorregulación de las plataformas globales, quienes se sientan afectados por bloqueos o cancelaciones deben tener acceso expedito, gratuito o de bajo costo en tribunales de su jurisdicción para que se enmienden eventuales excesos en las normas de comunidad.
Al participar en la audiencia temática sobre moderación de contenidos en internet y libertad de expresión, organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que también expusieron representantes de asociaciones de derechos humanos y de plataformas tecnológicas como Google, Twitter, Facebook y Wikimedia, el presidente de la SIP indicó que el debate sobre los contenidos en redes sociales fue motivado por la reciente cancelación de contenidos y bloqueo de su cuenta al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como de otras personas y organizaciones.
Consideró que estos hechos fueron “un abuso de privilegio por parte de las plataformas, que hayan bloqueado en forma indefinida las expresiones de una persona pública”.
Asimismo, mencionó que “presuponer delitos o faltas que todavía no ocurrieron, sin considerar el principio de responsabilidad ulterior, es censura previa”.
A este respecto, la SIP se pronunció por la autorregulación de las empresas informativas privadas y de las plataformas digitales, estas últimas reconoció que han venido mejorando esta práctica, sin embargo sugirió que deben crearse mecanismos más eficientes de rendición de cuentas sobre la moderación de contenidos, las cancelaciones y las buenas prácticas.
Agregó que como parte de una política de autorregulación deben tomarse en cuenta las buenas prácticas, criterios de curación y otras normas comunitarias, las cuales deben cumplir con estándares internacionales de derechos humanos; deben ser claros, transparentes, inteligibles y abiertamente comunicados a todos los usuarios, así como promovidos en campañas permanentes de alfabetización digital.
Canahuati Larach enlistó cuatro consideraciones que la organización de prensa que encabeza considera deben implementarse a fin de mantener equilibrio entre libertad de expresión y otros derechos personales:
1.- Autorregulación antes que regulaciones estatales.
2.- Que la autorregulación sea sobre la base de estándares internacionales de derechos humanos garantizando transparencia, debido proceso, derecho de defensa y apelación en etapa administrativa y judicial y rendición de cuentas.
3.- Que las normas de comunidad, por su carácter de reglas de adhesión, sean sometidas a control previo de cumplimiento de los referidos estándares de derechos humanos.
4.- Que se habiliten vías rápidas en los sistemas judiciales para agilizar el derecho de defensa.
Por otra parte, en el marco de otros temas que afectan el ecosistema digital y la sustentabilidad de los medios de comunicación en una democracia, y a la luz de una ley en Australia que obliga a las plataformas digitales a pagar a los medios por los contenidos periodísticos que difunden, Canahuati exhortó a la CIDH a seguir buscando un equilibrio entre plataformas y medios de comunicación sobre derechos de autor, al tiempo que le pidió solicitar a la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre el tema.
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