Morena busca darle la vuelta a la decisión de los jueces que han otorgado amparos a particulares en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que presentará una iniciativa para modificar la Ley de Amparo.
A fin de darle la vuelta a los amparos que han sido otorgados a particulares por el Poder Judicial que impiden temporalmente la puesta en marcha de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados busca impulsar una iniciativa para “evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”.
La propuesta de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena), publicada este miércoles en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, plantea cambios al artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los cuales pretende quitar cualquier obstáculo a la reforma propuesta por el presidente López Obrador.
“La cuarta transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción, la ‘burocracia dorada’ y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado, históricamente los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex fueron una práctica recurrente por gobiernos anteriores.
Ascencio Ortega asegura en su propuesta que “no se debe dejar de considerar que algunas de las personas que han impugnado judicialmente en contra del régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del estado, tienen ligas o vínculos con funcionarios judiciales, por lo que al impugnar saben que gozarán de un proceso judicial a modo que se puede alargar, de tal manera que al gozar de la suspensión en lo que se tramita el juicio, virtualmente se mantiene el régimen del pasado, y debe recordarse que el pueblo votó porque se acabase dicho régimen, ese es el Mandato Popular que inspira a esta iniciativa”.
Mensaje fuerte y claro
El Senado de la República recibió por parte del Ejecutivo federal una iniciativa con proyecto de decreto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial.
De acuerdo a la exposición de motivos que se presentan en el documento, con los cambios propuestos se busca incorporar y desarrollar en la legislación secundaria los cambios constitucionales que logren concretizar la reforma integral de largo alcance del Poder Judicial, con miras a la transformación de dicho poder federal.
Asimismo, se menciona que en octubre de 2019 los tres poderes de la Unión iniciaron trabajos de “una reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, con los que se entabló un proceso de colaboración institucional para trazar el camino hacia una mejor justicia, con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia judicial”.
Además, señala que en congruencia con la reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo recientemente, se hace necesaria la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que recoja adecuadamente los cambios al orden jurídico nacional efectuados en las dos últimas décadas y que brinde herramientas para consolidar los avances que, en materia de impartición de justicia, la sociedad demanda.
Entre las propuestas que destacan de esta iniciativa son relativas a establecer sanciones para jueces y magistrados que incurran en actos de nepotismo o corrupción.
Pero no solamente quienes pertenecen al aparato judicial será a quienes podrían ser sancionados, sino también podrán ser aplicables a particulares como empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción, a través de integrantes del poder judicial.
Entre las sanciones para personas físicas y morales, se prevén castigos que van desde la sanción económica, inhabilitación hasta por ocho años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la Hacienda Pública Federal.
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