La consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, dijo que habrá de erradicar dos tipos de obstáculos a la hora de la participación en la vida política de las mujeres.
El próximo 6 de junio de 2021 se llevará a cabo las elecciones en México en las que se renovará completamente la Cámara de Diputados con 15 gubernaturas, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 55 denuncias de violencia política de género desde que inició el proceso electoral en diciembre pasado, de las cuales 40 se reportaron en lo que va de este 2021.
Se han sancionado a 21 personas en las que 17 son hombres y cuatro mujeres, según datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del INE.
Las denuncias se recibieron de Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Puebla, Hidalgo y Michoacán, las cuales ya son investigadas por el INE para determinar las sanciones que se impondrá a los responsables.
En el caso de Nuevo León, se han registrado 15 denuncias por violencia de género, de las cuales 10 se reportaron en este año, mientras que en el Estado de México se recibieron 12 quejas, de las cuales 5 han sido sancionadas. Los incidentes están vinculados a los alcaldes y diputados locales.
En Veracruz, se recibieron nueve denuncias por agresiones contra mujeres que desempeñan algún cargo público, mientras en Jalisco se reportan tres casos, Baja California con cinco incidencias, en Sinaloa se denunciaron dos casos.
No obstante, en Tamaulipas, Michoacán y Durango sólo se documentó una agresión por cada entidad; en Puebla se presentó una denuncia por violencia política de género y en Quintana Roo se registran tres agresiones a mujeres que tienen un cargo público.
En 25 de los casos están involucrados servidores públicos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los cuales están relacionados a agresiones de alcaldes contra regidoras, así como de los diputados locales a otras legisladoras.
En el registro de sanciones, el primero en la lista es Felipe Mora Hernández, alcalde de Campeche, quien es acusado por una síndica por obstrucción a sus funciones. También Alejandro Ochoa Valencia, exedil de Colón, Querétaro, señalado por una diputada de hostigamiento.
Uno de los casos más sonados es el del director de Protección Civil en Isla Mujeres, Merced Ortiz Maya, y dos de sus colaboradores, Ángel Antonio Ortiz Franco y Cristian Alberto Ojeda Chuc, en Quintana Roo, quienes fueron sancionados por difundir volantes con publicidad sexual en perjuicio del diputado local Atenie Ricalde, del PAN.
Ante esta situación, Lorenzo Córdova, presidente del INE, aseguró que la violencia política de género es un problema que no ha sido erradicado y, pese a las sanciones que se aplican a los servidores públicos que agreden a las mujeres, aún no ha disminuido está problemática, por lo que continuarán con las capacitaciones a los servidores públicos sobre perspectiva y equidad de género.
Hace unos días, el INE y la ONU suscribieron un Memorando de Entendimiento para promover la plena participación política de las mujeres, en el que la consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del instituto, dijo que habrá de erradicar dos tipos de obstáculos a la hora de participación en la vida política de las mujeres.
Las barreras estructurales creadas por las leyes e instituciones que siguen limitando las opciones que tienen para votar y postulares y la brecha que se mantienen para contar con la educación, las relaciones y los recursos necesarios para convertirse en líderes.
“Existen pruebas firmes y cada vez más numerosas de que la presencia de mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas mejora dichos procesos. La violencia en contra de las mujeres afecta negativamente el bienestar de las mujeres y de todas las personas en una democracia”, resaltó.
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