Las adjudicaciones directas han aumentado en los dos primeros años de este gobierno, lo que se suma a la opacidad y ocultamiento de información bajo la figura de “otros contratos”.
El combate a la corrupción ha sido una de las principales banderas de Andrés Manuel López Obrador que en el discurso no ha soltado desde antes de llegar a la presidencia; sin embargo, los hechos no encajan con los dichos, como lo demuestra el mecanismo por los cuales el gobierno que encabeza ha llevado a cabo contrataciones de servicios y obras públicas que mantienen patrones opacos y discrecionales.
Según muestra el análisis Las “OTRAS” CONTRATACIONES del gobierno de López Obrador, elaborado por Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, las adjudicaciones directas en los últimos dos años se incrementaron, mientras las licitaciones públicas disminuyeron, además de que las “otras contrataciones” representaron el año pasado 7.6 por ciento del total de contrataciones federales, cuando en 2018 el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto su porcentaje apenas alcanzaba 0.04 por ciento.
El estudio advierte que en el balance general sobre las contrataciones hechas durante los dos primeros años de la actual administración federal “ha pasado desapercibido” un elemento emergente y creciente, consignado como ‘otras contrataciones’.
Destaca que bajo este concepto, en CompraNet aparece que se comprometieron más de 24.1 mil millones de pesos (7.6 por ciento del total de contrataciones federales) en 2019 y 50.8 mil millones de pesos (11.0 por ciento) para 2020, lo cual representa un incremento de 110.6 por ciento. Esto contrasta de forma notable con lo observado en los últimos años del gobierno de Peña Nieto que sus denominadas ‘otras contrataciones’ estuvieron acotadas y representaron sólo el 0.01 por ciento (61.3 millones de pesos) en 2017 y 0.04 por ciento (152.4 millones de pesos) en 2018”.
El análisis critica que mientras el gobierno federal cuestiona la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por considerarlo caro e innecesario al tiempo de afirmar que sus funcionarios no actúan de forma transparente, como autoridad no ha puesto a disposición de los ciudadanos la información para conocer cuáles de las ‘otras contrataciones’ son para atender y hacer frente a la pandemia.
“Esto sorprende porque las dependencias federales que contraten bajo esta modalidad debido a circunstancias de emergencia tienen la obligación, de acuerdo con el instructivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de registrar en CompraNet dicha información”, destaca el documento.
Existen tres grupos en los que se han distribuido las denominadas “otras contrataciones”:
a) Compra consolidada sin crédito externo.
b) Compra no consolidada con crédito externo.
c) Compra no consolidada sin crédito externo.
A este respecto destaca que la compra consolidada sin crédito externo en 2019 fue de 0.2 por ciento, creció en tan sólo un año a 1.9 por ciento, en tanto los contratos de compra consolidada sin crédito externo ascendieron a 22.1 mil millones de pesos en 2019 y a 32.7 mil millones de pesos (63.3 por ciento) del total de “otras contrataciones” en 2020. Es decir, bajo esta modalidad se observó un incremento de 45.5 por ciento de 2019 a 2020.
El documento revela que un problema con los otros contratos de compra consolidada es que “existen elementos para anticipar que las dependencias contratantes no están reportando en CompraNet el tipo de procedimiento bajo el cual realmente se realizó esta asignación”.
El análisis menciona que la compra consolidada no es un procedimiento al margen de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por el contrario, está regulada en el artículo 17 de dicha ley, donde además se contempla la participación directa de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Por lo anterior, resalta, “ningún contrato que derive de una compra consolidada puede catalogarse como otro tipo de contratación. Con base en lo anterior, los 22.1 mil millones de pesos de 2019 y los más de 32.1 mil millones de pesos de 2020 deberían reportarse de acuerdo con el tipo de procedimiento que se utilizó para realizar las compras consolidadas del gobierno federal. Ante la falta de transparencia en esta información, es posible advertir que se está sobreportando el total de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas e incluso licitaciones públicas”.
En torno a los otros contratos que no derivan de una compra consolidada y no son financiados con crédito externo, el documento dice que “pudieran estar relacionados abrumadoramente con la atención de la pandemia de COVID-19”, por lo que advirtió que es de mayor relevancia que el IMSS informe sobre el tipo de procedimiento de contratación que se siguió para cada compra consolidada.
En referencia a los otros contratos que no derivan de una compra consolidada, señala que “si las dependencias, principalmente el IMSS, no siguieron los mecanismos previstos en la ley, estaríamos no ante un problema de un subregistro, sino de contratos irregulares con implicaciones patrimoniales del orden de mil 975.2 millones de pesos para 2019 y de 17 mil 704.5 millones de pesos para 2020”.
El informe concluye afirmando que estamos frente a una peligrosa simulación: no se contrata de manera distinta, siguen siendo práctica común las asignaciones directas (tan criticadas en el pasado) para favorecer a empresas que previamente no eran proveedores del gobierno federal. Además, a un mayor número de adjudicaciones directas, se suman la opacidad y el ocultamiento de información bajo la figura de “otros contratos” que, incluso en tiempos de emergencia como los que vivimos por el COVID-19, no cumplen con las reglas que recientemente han modificado para permitir contrataciones más expeditas de acuerdo con requerimientos extraordinarios de esta situación.
Te puede interesar: Mexicanos crean aplicación para el manejo de residuos
