De aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, se sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de derecho.
La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados con carácter de preferente, es una expropiación indirecta que de aprobarse generaría mayores subsidios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e impactaría en un mayor costo de la electricidad y ocasionaría impactos ambientales graves, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Añadió que la propuesta del Ejecutivo “es inconstitucional” además de que ocasionaría el incumplimiento de tratados y compromisos internacionales, además de que intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) alertó que de ser respaldada por la mayoría en el Congreso, esta iniciativa en los próximos días “se sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de derecho”.
Asimismo, dijo que representaría un retroceso para el sector eléctrico del país, toda vez que lo que dicha propuesta busca es eliminar el mercado eléctrico mayorista con una serie de cambios regulatorios para beneficiar a la CFE a costa de los productores privados.
El CCE se quejó de que esta iniciativa se presentó de manera unilateral, “sin diálogo previo con los sectores afectados”, lo que consideró un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia. Además, de quebrantar la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.
El organismo empresarial alertó de las afectaciones que podría provocar esta legislación si es respaldada por la mayoría de los legisladores, entre las principales mencionó cuatro:
1. Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución.
2. Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.
3. Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.
4. Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.
En tanto, el IMCO previó que entre los efectos negativos que traería consigo una nueva ley, tal y como lo plantea el documento que envió el Ejecutivo, es que destruiría el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de manera independiente, para dar prioridad a las plantas de la CFE. Las principales perdedoras de esta propuesta son las centrales de energías renovables y limpias.
Advirtió que de esta manera las finanzas de la CFE se verán perjudicadas, al eliminarse el incentivo para que el sistema compre primero la electricidad más barata, destruyendo la eficiencia derivada de la competencia entre productores.
Por otra parte, observa que la iniciativa establece que la entrega de los Certificados de Energías Limpias (CEL) no dependerá de la fecha de entrada en operación de las centrales eléctricas. Con esta acción, indicó, se desvirtúa el diseño mismo de los CEL como instrumentos para acelerar la transición energética hacia energías limpias. Es contrario al objetivo de los CEL al no incentivar la instalación de nuevas centrales renovables por parte de la empresa productiva del Estado.
Esta iniciativa es violatoria del T-MEC al cambiar las condiciones regulatorias de tal forma que las inversiones en el sector se vuelven inviables. La iniciativa representa una expropiación indirecta. Asimismo, es violatoria de las disposiciones en materia de empresas propiedad del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás.
Tanto el CCE como el IMCO exhortaron a los legisladores a desechar esta propuesta, toda vez que aprobarla impactaría negativamente al país en varios sentidos.
El organismo de la cúpula empresarial señaló que subirían los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica.
En tanto, el IMCO pidió a los legisladores debatir con datos y evidencia en un ejercicio de parlamento abierto los siguientes 30 días en que vence el plazo para votar esta iniciativa en la Cámara de Diputados. De aprobarse, advirtió, representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo y cancela la posibilidad de llevar mejores precios de electricidad a los hogares y al sector productivo.
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