Es el colmo que el gobierno en su afán por polarizar no encuentre límites en el panorama de la precaria salud y la muerte del pueblo mexicano.
No dejan de salir imágenes de filas de personas vacunándose, estadios de futbol y centros comerciales que se acondicionaron para hacer más fácil y eficiente la tarea. Son imágenes de otros países. Constantemente se publica el número de vacunados y, por eso, podemos darnos cuenta de que México está muy atrasado. La mayor parte de los mexicanos tenemos un familiar migrante en EEUU y, gracias a ellos, nos hacemos una idea de cuál es el ritmo en el que están vacunando, que es muy distinto del mexicano.
La vacuna es y debe ser un elemento tranquilizador y hasta de victoria humana dentro del contexto de la pandemia. Sin embargo, Morena se ha empeñado en utilizarla políticamente. Los problemas se han presentado desde el principio:
1. Es claro que el gobierno no previó a tiempo la compra de la vacuna. Y al parecer –porque eso no se informa en las mañaneras– compró las más baratas sin prevenir una necesaria diversificación de compra que le permitiera saber cuál era mejor o cuál sería la idónea de acuerdo con las condiciones en México.
2. El gobierno se ha negado a recibir ayuda de los gobiernos de los Estados y del sector privado para comprar y/o distribuir la vacuna.
Es decir, no se trata sólo de la lentitud con la que se está vacunando en México, sino también de las contradicciones en las declaraciones de la autoridad y la manipulación de la vacuna para ser utilizada con fines electorales. Y para muestra está la decisión de no vacunar al personal de salud que trabaja para enfrentar el COVID-19 en el sector privado.
Eso sí, el 23 de abril del año pasado, el gobierno presumía haber celebrado un convenio con hospitales privados: “¡Todos juntos contra el COVID–19!”. Además, se celebraron convenios, que se renovaron en diciembre, para atender en hospitales privados a pacientes con enfermedades que no fueran el COVID-19. El 17 de noviembre el gobierno anunció la ampliación del convenio entre el sector público y el privado en lo que hace a los hospitales.
Si un trabajo ha cobrado dignidad y valor en México ha sido precisamente el de los trabajadores de la salud. Su labor ha sido reconocida por todos los partidos, por todos los sectores. Ellos han sido los héroes y las heroínas de esta pandemia y también sus principales víctimas porque somos el país que más muertos tiene entre los trabajadores del ámbito médico.
Si en algún tema estábamos de acuerdo todos los mexicanos era en el reconocimiento a los trabajadores de la salud. He conocido y apoyado a muchas personas que ayudaron a hacer máscaras, cubrebocas y hasta equipo especial para entregarlo a los médicos. Me he unido a esta ayuda organizada por la sociedad civil. Nadie, absolutamente nadie, hizo una distinción, mostró mejor disposición o preguntó siquiera si la ayuda que brindaban sería dirigida a personas que pertenecían al sector público o al privado. Cuando hemos aplaudido desde cualquier lugar la actitud de los médicos y del personal de salud, nunca hemos hecho distinción entre los médicos públicos y privados. Estábamos unidos, unidos en favor de nuestro valiente personal de salud hasta que el gobierno decidió, una vez más, polarizar a la población.
La polarización es el arma que el populismo utiliza para perpetuarse en el poder. Es increíble que el gobierno haya llegado a estos niveles. Además de increíble es éticamente reprobable que utilice la vacuna para polarizar los ánimos. Es el colmo que su afán por polarizar no encuentre límites en el panorama de la precaria salud y la muerte del pueblo mexicano. El gobierno de Morena manipula la vacuna y pide que ésta, además de ser lenta en su implementación, sea aplicada únicamente para el personal médico del sector público.
En las imágenes que se han difundido de la distribución e inoculación de la vacuna, se puede ver, junto con el personal de salud del sector público (sin duda urgente), a regidores, a ciudadanos comunes, a servidores de la nación (lo que eso signifique), a cualquiera menos a médicos y enfermeras o enfermeros del sector privado. La decisión es inmoral, injusta y cruel y, por supuesto, tiene fines electorales.
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