Antes de transformarlo en parque ecológico se debe atender el desastre ocasionado por las empresas.
La obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco generó graves afectaciones ambientales como 200 socavones ocasionados por la extracción de materiales pétreos y sociales que deben ser atendidas antes de transformar este megaproyecto en un parque ecológico, señaló Aleida Azamar Alonso, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“Ahora hay que hacerle ver al gobierno que cuando dejas abandonado un megaproyecto para iniciar otro, es necesario consultar con las comunidades, pues es importante respetar la voluntad del pueblo, en este caso expresada a través de movimientos de defensa del territorio que claman por la atención a los atropellos causados por la minería no metálica para el emplazamiento del aeropuerto”.
Al participar en la sesión Megaproyectos y efectos de la minería en la cuenca del Lago de Texcoco y sus consecuencias del Seminario virtual Proyecto manos a la cuenca del Lago de Texcoco, Azamar Alonso destacó que gracias a la resistencia popular de muchos años fue posible parar varias actividades, aunque ahora corresponde atender las afectaciones que quedaron sin reparar y ponen en riesgo la integridad de los habitantes.
Señaló que los proyectos del actual gobierno deben realizarse respetando la integridad ecológica, los principios de soberanía local entre las comunidades originarias, pero, sobre todo, los derechos humanos, pues no se podría hablar de desarrollo si se afecta a terceros en los procesos de construcción.
Sin embargo, la docente de la UAM-Xochimilco dijo que para tratar de garantizar la conclusión de las más de mil 600 obras en este sexenio, el gobierno ha evitado varios controles normativos, señaló la también presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica.
En la agenda del gobierno destacan el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Tren Transístmico, la Refinería de Dos Bocas y los trenes México-Querétaro y México-Toluca, los cuales ocasionarán una gran devastación ambiental y la destrucción del territorio protegido que ponen en riesgo a especies –algunas en peligro de extinción– e incrementan los contaminantes con la consecuente degradación de la calidad de vida de la población local.
Indicó que sólo uno por ciento del gasto de estos grandes proyectos de infraestructura está destinado para la mitigación del daño ambiental, lo que ha provocado que organizaciones o instituciones que vigilan áreas naturales protegidas, aguas y otros bienes de la naturaleza estén al borde de la desaparición por la falta de capital para pagar salarios o hasta servicios básicos.
Te puede interesar: Senado desembolsó más de 6 mdp en cubrebocas contra COVID-19
