La Santa Sede publicó el decreto por el que el papa Francisco hace una serie de reformas para mejorar la administración, control y supervisión de las actividades económicas y financieras del Vaticano.
El papa Francisco anunció una serie de reformas para fortalecer el papel de control de la Secretaría de Economía del Vaticano y así establecer una mejor administración, control y supervisión de las actividades económicas y financieras de la Santa Sede.
El documento “Concerniente a algunas competencias en materia económica y financiera”, que Francisco redactó como motu proprio, contempla redimensionar las funciones de la Secretaría de Estado, de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) y de la Secretaría para la Economía a partir de enero del 2021 a fin de dar orden, transparencia y eficiencia al manejo de las finanzas en el Vaticano.
Esta nueva ley reduce el número de responsables económicos en el Vaticano y concentra la administración, gestión y decisiones económicas y financieras en los dicasterios correspondientes a tal finalidad, se refuerzan los controles específicos sobre determinados órganos relacionados con la Santa Sede que gestionan cuentas y fondos de donaciones.
A través de este decreto, el papa Francisco sanciona y hace operativa a partir del 1 de enero próximo la transferencia a la APSA de la gestión de las inversiones financieras e inmobiliarias de la Secretaría de Estado, incluido el Óbolo de San Pedro, creado como una contribución de los fieles, de las iglesias locales, a la misión del papa que es pastor universal, y por lo tanto está destinado a la caridad, a la evangelización, a la vida ordinaria de la Iglesia y a las estructuras que ayudan al Obispo de Roma a llevar a cabo su servicio.
Con las nuevas directrices establecidas por el papa, señala un comunicado emitido por la Santa Sede, se avanza en la gestión centralizada de las inversiones que disminuye la discreción y aumenta los controles y muestra cómo Francisco no sólo inicia las reformas, sino que las acompaña con directrices precisas.
Al entrar en vigor las reformas, la Secretaría de Estado no gestionará fondos económicos ni decidirá sobre fondos ni inversiones, por lo que redimensionará sus funciones. Se encargará principalmente de los recursos humanos de esta misma entidad.
En el documento, Francisco asegura que debido a que la Secretaría de Estado apoya más estrecha y directamente la acción del Sumo Pontífice en su misión y representa un punto de referencia esencial para las actividades de la Curia Romana, “no es conveniente que desempeñe esas funciones en asuntos económicos y financieros ya atribuidos por competencia a otros dicasterios”.
Cambios fundamentales
El decreto indica que a partir del 1 de enero “la propiedad de los fondos y cuentas bancarias de las inversiones mobiliarias e inmobiliarias, incluidas las participaciones en empresas y fondos de inversión, hasta ahora a nombre de la Secretaría de Estado” pasará a la APSA, “que se encargará de su gestión y administración”. Estarán sujetos a un control ad hoc por parte de la Secretaría de Economía, que “a partir de ahora también desempeñará la función de Secretaría Papal para asuntos económicos y financieros”.
Agrega que la Secretaría de Estado “transferirá lo antes posible, a más tardar el 4 de febrero de 2021, todos sus haberes líquidos mantenidos en cuentas corrientes a su nombre en el Instituto de Obras de Religión o en cuentas bancarias extranjeras, a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica a una cuenta bancaria indicada por esta”.
Asimismo, establece que “las contribuciones por cualquier motivo debidas o libremente entregadas a la Santa Sede por entidades eclesiales de cualquier tipo se ingresarán en una cuenta denominada Presupuesto General de la Santa Sede, gestionada por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica según las normas vigentes, sobre la base del presupuesto aprobado”.
La transferencia de las sumas de la cuenta del Presupuesto General a la APSA debe ser autorizada por el Prefecto de la Secretaría de Economía. Los gastos ordinarios y extraordinarios de la Secretaría de Estado serán sufragados por la APSA de acuerdo con “el presupuesto de la propia Secretaría, aprobado sobre la base de la legislación vigente”.
También señala que la APSA constituye una provisión presupuestaria denominada Fondos Papales que, para mayor transparencia, formará parte de los estados financieros consolidados de la Santa Sede, para los que se deberán llevar cuentas separadas, con la apertura de subcuentas específicas para el “Óbolo de san Pedro” y el “Fondo Discrecional del Santo Padre”, así como cada uno de los fondos con limitaciones de destino particulares por voluntad de los donantes.
La APSA informará a la Secretaría de Estado la situación de los fondos. Los gastos y actos de disposición del Fondo Discrecional del Santo Padre sólo pueden hacerse por “su decisión personal”. Y para los pagos o inversiones que no hayan sido autorizados por el presidente de la APSA, siempre debe haber la firma del Prefecto de la SPE.
El decreto también prevé que la Secretaría de Economía será la encargada de vigilar y controlar entidades que estaban bajo el control económico y financiero de la Secretaría de Estado, “con la única excepción de aquellas Entidades para las que el Santo Padre ha establecido expresamente lo contrario”. También, señala que el presupuesto y los balances finales “se envían a la Secretaría de Economía, que los presenta al Consejo de Economía para su aprobación”.
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