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La ciudad delatada

Ha sorprendido a propios y extraños la generosidad y la entrega de los habitantes de la Ciudad de México ante las dramáticas situaciones que hemos vivido en las últimas semanas. Analizándolo bien, lo que debe sorprender es que sorprenda. Qué tan inusitado es, realmente, ante un acontecimiento tan grave, que afecta a tantos y donde la vida de muchos depende del apoyo de otros, que una comunidad se ayude y colabore entre sí para aminorar esos daños.


Generosidad en la ciudad


Yo diría que esa es la respuesta normal, esperada. Pero si los capitalinos nos sorprendemos, es porque estamos acostumbrados a vivir en una ciudad muy agresiva, a veces violenta, cada día más individualista, con actitudes de gran egoísmo y poco espíritu comunitario. En los días posteriores al temblor se notaba esa actitud diferente: la amabilidad del vecino que nunca nos saludaba, las llamadas o mensajes de aquellos que nunca se preocupan por saber cómo estamos, pero que ahora sí veían la forma de preguntarnos “¿cómo te fue de temblor?”; la atención de los policías, la civilidad en el manejo, la cortesía en los espacios públicos: “pase usted primero”; los cajeros automáticos no cobraban comisión y en las sucursales no trataban de vendernos seguros desde la llegada; estacionamientos gratis en los almacenes, suspensión de foto-multas, etc. Hasta los que llamaban de call centers para recordar que se debía pagar una deuda preguntaban primero: “¿cómo se encuentra usted y su familia?”. Muchas de estas actitudes podrían o deberían ser cotidianas, no producto de una repentina conciencia provocada por la tragedia. 

La sorpresa es porque en el fondo sabemos que vivimos en una ciudad “gandalla” donde, tristemente, es común que para conseguir las cosas o lograr metas, se tenga que abusar de algunos o perjudicar a muchos, según se requiera. Esa actitud gandalla, desafortunadamente, quienes primero la promueven son nuestras autoridades, especialmente la local (Gobierno de la CDMX) y la delegacional. El terremoto nos ha ido revelando –y seguirá—la gran cadena de acciones y omisiones impulsadas por la negligencia y principalmente por la corrupción que, en buena medida, incrementaron los saldos fatales de este desastre natural. Una de las pruebas más evidentes de esa actitud de buscar sólo el interés propio, o de grupo, sin importar el daño provocado a los demás y ausente de todo espíritu comunitario, es la decisión del gobierno de la CDMX de no publicar el “Atlas de riesgo”. Éste, es un mapa-documento que los gobiernos tienen la obligación de hacer público para que el ciudadano, desde un “paracaidista” que quiera invadir unos terrenos, hasta alguien que quiera comprar un condominio de lujo, sepa a qué está expuesto por vivir en determinada zona de la ciudad, en cuanto a posibles inundaciones, deslaves, escasez de agua, incidencia de accidentes y delitos, y desde luego riesgo sísmico. Desde hace años, ciudadanos responsables, líderes sociales y asociaciones vecinales han pedido a las autoridades la elaboración y la publicación de ese Atlas de Riesgo, sin lograrlo. La información la tiene el gobierno, pero se resiste a darla a conocer de manera accesible y entendible. Un respetable ingeniero, conocido por su honorabilidad, que insistió por mucho tiempo en esta demanda, me confió que algún alto funcionario “en corto” le dijo: “no lo vamos a publicar porque se nos derrumbaría el mercado inmobiliario”, y esta explicación ha sido confirmada por investigadores y grupos vecinales.

Se ha rumorado desde hace tiempo, y mencionado cada vez más, que los grandes desarrolladores inmobiliarios otorgan fondos para las campañas de los candidatos a Jefes de Gobierno y a delegados para verse beneficiados con contratos y concesiones cuando éstos lleguen al poder. Esto, que fue percibido desde la gestión de López Obrador, fue ya más evidente en la gestión de Marcelo Ebrard y todavía más en la de Miguel Mancera. En especial con desarrolladores inmobiliarios y hombres de negocios de la comunidad judía (y lo digo como pudiera decir de la comunidad española, japonesa o argentina, si fuera el caso), a quienes, desde Ebrard se les comenzaron a dar, incluso, cuotas y cargos dentro del gobierno central. Con Mancera se llegó al nivel de darles carteras clave del gobierno local, como la Secretaría de Desarrollo Económico, la Agencia de Promoción e Inversiones para la CDMX, el INVEA, el Consejo de Seguridad Pública y, en el extremo, nombrar titular de la SEDUVI (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) a un desarrollador inmobiliario: “la Iglesia en manos de Lutero”. Eso nos hace preguntarnos ¿En manos de qué intereses está el gobierno de esta ciudad?, ¿en manos de qué grupo de interés está la responsabilidad de planear el desarrollo de nuestra ciudad?, ¿en manos de quiénes está el futuro de esta gran urbe, cautivadora y entrañable, al tiempo que monstruosa y temible, donde vivirán nuestros hijos y nuestros nietos?

No publicar el Atlas de riesgo, así como tener autoridades indolentes o cómplices en la aplicación de los reglamentos de construcción y ante las violaciones al uso de suelo, había provocado ya, desde hace años, muchos damnificados. Vecinos perjudicados en sus viviendas y en los servicios urbanos más elementales por las grandes construcciones, impacto en la tranquilidad y seguridad de sus colonias, afectación al medio ambiente, tala indiscriminada de árboles, escasez de agua, incluso la desaparición, de hecho, de pueblos y barrios ante la voracidad urbana e inmobiliaria. Pero ahora, esos damnificados se han vuelto seres humanos que han perdido de un día para otro, materialmente, sus hogares, su techo, su patrimonio, y en varios casos, la vida. El mapa sísmico mostraba desde hace tiempo que un temblor con epicentro en el sur provocaría graves daños en la zona de Coapa, Xochimilco y Tláhuac, y no se previó ni se planeó urbanísticamente nada en función de esos riesgos. El mapa sísmico mostraba que el boom inmobiliario que se estaba dando en la delegación Benito Juárez, se ubicaba en gran parte en una zona de alto riesgo sísmico, y no se tomaron las medidas necesarias para prevenirlo. 

Se debe investigar más a fondo todo esto, es obligado y de elemental justicia deslindar responsabilidades donde las haya. Hay mucho involucrado. Pero la barrera mediática, obviamente pagada, y de muchos analistas y opinólogos, también cooptados, tratan de desviar nuestra atención, para evitarlo. Incluso, de manera burda, las páginas de internet en el sitio de la SEDUVI donde se podían consultar los usos de suelo y los nombres de los DRO (Directores Responsables de Obra), fueron bloqueadas en los últimos días. ¿Qué es lo que nos muestra todo esto?, que nuestras autoridades trabajan para ellos, no para nosotros, son gobiernos carentes de una elemental solidaridad humana, son autoridades y funcionarios que de lo “gandalla” y lo corrupto, quizá ya hayan pasado al terreno de lo criminal.            

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com

 

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