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Constitución CDMX, Deberes Humanos

En el discurso y en la ley, el catálogo de derechos humanos se ha extendido hasta cubrir una amplísima esfera. A las garantías individuales de libertad, seguridad jurídica, igualdad y propiedad se han agregado derechos sociales de segunda o tercera generación, en una retórica aspiracional con mecanismos poco realistas para garantizarlos, y sin consecuencias jurídicas reales.



No discutiremos aquí su pertinencia. Pero sí hemos de resaltar que en la práctica y en el imaginario público, la ideología y lenguaje de los derechos humanos han suplantado y desplazado hasta el extravío a la legalidad y al Estado de Derecho. Hemos llegado a ignorar que los derechos de unos terminan donde empiezan los de otros, que el respeto a los derechos es responsabilidad no sólo del Estado, sino también de los particulares, y que no puede prevalecer el respeto a los derechos humanos en ausencia de legalidad y de una cultura de cumplimiento generalizado de Deberes Humanos.

Coexiste en México una atmósfera esquizoide de valoración mediática y litigiosa por los derechos humanos, pero de desprecio por la legalidad y de soslayo a Deberes Humanos y obligaciones ciudadanas. Derechos, sin deberes ni obligaciones.

Hemos ido construyendo un andamiaje de interacción social crecientemente disfuncional de incertidumbre jurídica, frecuente complicidad tácita con la delincuencia, resquebrajamiento del Estado de Derecho, impunidad, y degradación de lo público.

La actuación y notables omisiones de las Comisiones de Derechos Humanos son ilustrativas. El contexto es una cultura política ancestral de paternalismo, desapego a la ley, desconsideración de los derechos de otros, incuria ante bienes públicos y patrimonio colectivo, déficit de ciudadanía y responsabilidad individual.

El proceso constituyente de la CDMX está en riesgo de convertirse en una feria de derechos. Políticos proponen y exigen nuevos derechos y subsidios, tratando de aventajar a sus adversarios en un concurso de populismo y demagogia; obviamente, sin aclarar cómo garantizarlos ni cómo financiarlos. Así, iríamos directo a una Constitución irrelevante en el mejor de los casos, pero potencialmente corrosiva del tejido social y de la vida y gobernanza urbanas, y por supuesto inductora de un desfalco estructural a las finanzas públicas.

Es preciso impedirlo, e introducir en el texto constitucional, como balance esencial y contraparte a la feria de derechos, Deberes Humanos como principio constitutivo de ciudadanía y de convivencia colectiva. Los Deberes Humanos son condición indispensable para el ejercicio eficaz de libertades positivas y negativas (recordemos a Isaiah Berlin), y para la observancia de los derechos humanos. Hay antecedentes constitucionales de Deberes Humanos en países con mayor cultura cívica como Uruguay o Colombia, y están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el Tratado Interamericano de Derechos Humanos (ver trabajos de Eduardo Lima Gómez).

Así, la Constitución de la CDMX debe establecer como principio, Deberes Humanos y obligaciones ciudadanas que incluyan: Respeto a la ley; respeto a los derechos de los otros; solidaridad ciudadana; pagar impuestos y contribuir al erario; respetar bienes públicos; respetar a la familia; respetar a la naturaleza; respetarse a sí mismo. Sería una trascendente innovación constitucional en México.

Plasmar tales deberes u obligaciones ciudadanas como principios constitucionales tendría consecuencias jurídicas reales a través de demandas contra particulares y juicios de amparo por omisiones del poder público en la aplicación de la ley y en la protección de los derechos de terceros. El Poder Judicial obligaría a los gobernantes a actuar, so pena de destitución o sanciones penales; sería un elemento crucial en la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Igualmente implicaría para el sistema educativo introducir seriamente en el currículum valores humanos y cívicos, piedra angular para una sociedad segura y en paz, productiva y armónica.

* Artículo realizado para el Economista

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