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El compló de Ayotzinapa

Si los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía de Iguala antes de ser ejecutados, sus padres corren igual suerte con Vidulfo Rosales que, por órdenes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, no les permite hablar con nadie ni declarar a la prensa.


Caso Ayotzinapa


Emilio Álvarez Icaza (Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que envió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a indagar el caso) creó ese centro que encabeza Mario Patrón, que fue el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. cuando la presidió Álvarez Icaza, apoyado por López Obrador como jefe de gobierno.

Emilio quiso presidir la Comisión Nacional; no pudo, pero logró apoyos y llegó a la CIDH de la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde olvida las flagrantes violaciones de Maduro en Venezuela y Correa en Ecuador, dictadorzuelos manipulados por los Castro desde La Habana.

Al visitar México con una delegación de la CIDH, del 28 de septiembre al 2 de octubre, Álvarez Icaza entregó al gobierno un informe de 25 cuartillas elaborado en sólo 4 días, en el que sostiene que la desaparición de personas es general y las ejecuciones extrajudiciales son una grave crisis en todo el país, basado en casos de 1974, 2006 y 2014, sarta de descontones infundados que provocó hilaridad.

El ombudsman nacional Raúl González Pérez rechazó esa generalización, más la CIDH logró que el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas condenara al Estado mexicano por abuso de militares sobre 4 personas en 2009.

Se ve que Álvarez Icaza cumple la tarea de su patrón AMLO.

Los padres de los 43 no puedan hablar con nadie; sólo con quien permite Vidulfo, que los mueve de un lado para otro, rodeados de guaruras, y viola uno de sus más elementales derechos humanos: La libertad de expresión.

¿Estarán amenazados por quienes medran con su tragedia, que se coluden con la CIDH y el GIEI? ¿Cuánto ganan éstos por el secuestro?

Los padres sólo declaran a La Jornada y Proceso, aliados del Centro Pro Juárez, que no cuestiona el secuestro ni a los peritos del GIEI que Álvarez Icaza contrató con cargo al gobierno mexicano.

En la reunión del 24 de septiembre, un paterfamilia solicitó al Presidente investigar por qué sus hijos fueron enviados a Iguala. Vidulfo negó el hecho, luego reconoció que un “grupo minoritario” no le obedece a veces y habla con Enrique Galindo, Jefe de la Policía Federal.

Periodistas de Guerrero no pueden acercarse a la Normal de Ayotzinapa pues el Centro Pro Juárez controla su información y decide a quien se le da.

Los padres son campesinos de sobrevivencia, ¿con qué viven y mantienen a sus familias? ¿Quién y cuánto les pagan por seguir en la “lucha”? ¿Quién cubre sus viajes por el país y el extranjero: a Europa y EU, a donde fueron a hablar con el Papa Francisco?

Esa opacidad delata el compló de Ayotzinapa, con el que -dijo Vidulfo en el Zócalo del DF- crearán un partido político, que lo más seguro se sumará a Morena para impulsar a López Obrador con un “gran frente de izquierda” en 2018.

Al compló se le esfumó el caso de Tanhuato, Michoacán, y ya casi Tlatlaya, Edomex, donde militares abatieron a 22 narcotraficantes que los atacaron; 3 meses después, 3 mujeres detenidas en la balacera y asesoradas por el Centro Pro Juárez culparon al Ejército de una ejecución extrajudicial.

Pero se aclaró que eran prostitutas, cómplices de los ejecutados, que varias veces cambiaron sus declaraciones; por eso fueron desechadas y un juez federal dejó libres a 4 militares detenidos, y puede ocurrir igual con otros 4. Fue otro montaje mediático para desprestigiar al Estado mexicano, tras el que están quienes armaron el caso de los 43, como se deduce del “análisis pericial” del Centro Pro Juárez, que el 22 de julio asentó que los militares recibieron órdenes de ejecutar en la noche a “sus víctimas”, que eran narcos.

Pese a todo, el GIEI exigió le permitan interrogar a los soldados del batallón de Iguala. Pero el Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos lo rechazó, las leyes mexicanas no lo permiten y menos a extranjeros; no hay acusado ni involucrado, más desean interrogarlos para cargarles muertitos. “Esa es mi posición y de ahí no me voy a salir”, remató el divisionario.

El gobierno le sigue el juego a ese entuerto, y pagó el primer peritaje del GIEI, lo contrató de nuevo por 2.5 millones de dólares (¿Cuánto se lleva Álvarez Icaza?) y les sumará 8 peritos de otros países para indagar otra vez sobre el basurero de Cocula.

Menos mal que para este nuevo peritaje la PGR pidió el apoyo del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Ojalá despejen las dudas y corroboren que los 43 fueron incinerados, para que se les caiga ya el compló y negocio de Ayotzinapa a Álvarez Icaza, su jefe y cómplices.

Como en Bucareli no escarmientan y Mancera flota en el D.F. y así desea ser Presidente, Antorcha Campesina paralizó la capital el 7 de octubre, desde el Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez; se le impidió llegar al Zócalo, pero le advirtieron a Mancera que otra vez lo tomarán, porque no es suyo, sino patrimonio de todos los mexicanos.

Antorcha, que bloqueó Bucareli por 4 meses, hace 3, reclama le construyan viviendas en varias partes del país y aclaren desapariciones de sus miembros, como la de Manuel Serrano, padre de Marisela, ex alcaldesa de Ixtapaluca, Edomex, y otras zarandajas para justificar su algarada y sus líderes saquen más tajada en gobernación.

Invadieron calles céntricas con 389 autobuses que los transportan y 24 camionetotas de sus líderes.

¿Quién pompó? ¿Quién financia este alboroto?

A ver si no crece y surge otro compló contra el gobierno.

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