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La objeción de conciencia como derecho del personal de salud

A ocho años de que la Asamblea capitalina despenalizara el aborto, y después de que el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard (por apenas mencionar un ejemplo), dejara en claro que todo  médico del servicio de salud público local tenía el deber, si así se le solicitaba, de interrumpir el embarazo hasta la doceava semana de gestación (El Universal, 28 de abril de 2007), se ha hecho necesario en nuestro país un estudio serio y desinteresado sobre la importancia de proteger el derecho de objeción de los profesionales de la salud partiendo por lo menos de un cuestionario básico que todos los ciudadanos están en posibilidad de responder y que pudiera servir en lo sucesivo para orientar su conducta práctica:


Por la defensa de la vida


1) ¿A qué nos referimos cuando hablamos de objeción de conciencia?

2) ¿Se trata de una actitud visceral del objetor, o se da a partir de una profunda reflexión moral?

3) ¿Como servidores públicos, los médicos tienen el deber de acatar  la ley aunque vaya contra sus convicciones, o antes que médicos son hombres ordinarios que deben regirse por la ley de su conciencia?

Aunque ahora el término objeción de conciencia está muy arraigado en nuestro vocabulario, no significa que sea bien atendido del todo, sino que en algunos casos  se presta a malas interpretaciones.

Entendemos por objeción de conciencia aquella inconformidad que, a partir de un proyecto u orden dado, se alega tomando en cuenta las convicciones personales del objetor; en este caso, hablamos de una conciencia, además de psicológica, moral, pues no solamente se trata de un sujeto consciente de la realidad, sino de un sujeto práctico, es decir, de un sujeto que tiende a formular juicios que determinen la moralidad de sus acciones.

Cabe señalar que la objeción de conciencia como alegato que nos ampara de cometer una acción que personalmente consideramos inmoral, no es una resistencia visceral, sino que surge de una profunda reflexión ética dada a partir de la natural tendencia de buscar el bien y evitar el mal y que está inscrita como norma en lo más íntimo de la existencia del hombre.

Desde una perspectiva teológica, es en la conciencia donde resuena para la creatura la voz de Dios, de manera que cuando se objeta en consideración de la propia conciencia, se objeta tomando en cuenta la afirmación de obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Pero, ¿cuándo sabe el hombre que esa voz que escucha es la de Dios? Sólo en la conciencia verdadera se escucha la voz de Dios; esto es, sólo en la igualdad de los juicios internos con los dados objetivamente por la autoridad divina.

Sin embargo, al margen de cualquier implicación religiosa, todo hombre posee la libertad de objetar un proyecto dado, si es que fuera incompatible con sus propios valores morales; pero siempre y cuando estos bienes estén establecidos en el orden de los principios universales y no sean sólo de consideración personal.

Por otra parte, si bien es cierto que desde el aspecto legal los servidores públicos tienen el deber de cumplir con lo que prescribe la ley, no se debe olvidar que la objeción de conciencia es una figura jurídica que está contemplada por la Ley de Salud y que de ninguna manera infringe, en este caso, el supuesto derecho de las mujeres de interrumpir el embarazo, pudiendo éstas acudir con un médico no objetor.

Es deber pues de las autoridades respetar los principios morales de los servidores públicos; y de los médicos, trabajar en beneficio del resto de la población, teniendo como norma suprema el respeto a la dignidad de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural.

La objeción de conciencia salvaguarda el compromiso de cuidar la salud de la familia humana y crea las condiciones para reflexionar objetivamente sobre la moralidad de una norma dada.

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