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Miembros del gabinete de Trump serán verdugos de políticas de Obama

Al nombrar a empresarios y políticos al frente de agencias que han criticado con dureza, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dejará en sus manos desmantelar parte del legado del mandatario Barack Obama, desde el primer día de su gobierno.



Desde el nombramiento del senador por Alabama, Jefferson Beauregard Sessions, para presidir el Departamento de Justicia, Trump optó por seleccionar como Secretarios de Estado a figuras que en algunos casos son la antítesis de la misión de las dependencias que presidirán.

Sessions, un firme opositor de la reforma migratoria y las políticas de alivio promulgadas por Obama que le ganó ser nombrado por una conservadora revista como “el peor enemigo de la amnistía”, ha dejado en claro también su oposición a la desregulación de la mariguana.

El veterano político sureño ha criticado la política de Obama de no aplicar con vigor la prohibición federal contra el consumo de la mariguana conforme más estados a través del país han votado para legalizarla, lo que hace anticipar un giro cuando asuma el cargo.

Con su designación del procurador estatal de Oklahoma, Scott Pruit, como próximo titular de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Trump también dejó en claro su postura de revertir ocho años de políticas ambientales repudiadas en el sector energético.

Pruit, identificado por su cercanía con la industria petrolera, ha presentado varias demandas contra la EPA, la última junto a otros procuradores estatales de corte republicano en oposición al Clean Power Plan (Plan de Poder Limpia), adoptada por la administración Obama para reducir las emisiones de efecto invernadero.

Organizaciones ambientalistas temen que Pruit, quien declaró que los estadunidenses están cansados de ver a la EPA desperdiciar miles de millones de dólares al imponer regulaciones innecesarias, simplemente deje sin efecto la aplicación del plan.

El designado Secretario del Trabajo, el empresario restaurantero Andy Puzder, generó temores de regresión similares a los derivados por los nombramientos de Sessions y Pruit.

Director ejecutivo del conglomerado CKE Restaurants Holdings, que incluye la cadena de hamburguesas Carl's Jr, Puzder ha sido también un duro crítico de la política de Obama a favor de adoptar el pago de 15 dólares la hora como salario mínimo, por considerar que ello encarecerá los productos.

En un artículo de opinión publicado en la revista Forbes en mayo pasado, poco después que el Departamento del Trabajo finalizó sus reglas para el pago de horas extras, Puzler dijo que éstas “solo se agregarán al extenso laberinto regulatorio que la administración Obama ha impuesto a los empleadores”.

Otro potencial verdugo en ciernes es el congresista Tom Prince, seleccionado por Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Cirujano ortopédico y legislador por Georgia, Price preside el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, donde se ha distinguido como uno de los principales promotores de los intentos republicanos para repudiar la Ley Asequible de Salud o Obamacara, quizá el principal legado de Obama en política nacional.

La millonaria Betsy Davos, nombrada por Trump como próxima Secretaria de Educación, se ha distinguido por su postura a favor de dar a los padres de los estudiantes la libertad para elegir la escuela pública de su preferencia, contrario al sistema actual donde estas se asignan con base al lugar de su residencia.

Davos apoya también un programa para que el gobierno federal cubra a los padres por el pago de colegiaturas si estos optan por enviar a sus hijos a escuelas privadas, algo sobre lo que el propio Obama se ha pronunciado en contra.

Aunque menos controversial, el nombramiento del doctor Ben Carson como próximo Secretario de Vivienda y Servicios Urbanos (HUD), también ha generado reservas en algunos sectores por su oposición a algunas de las políticas implementadas por la administración Obama.

En particular, Carson se pronunció en contra del requerimiento para que gobiernos locales estudien y reporten tendencias de disparidad racial y de ingreso en la asignación de vivienda pública, calificándola como “un esquema de ingeniería social típico del socialismo”.

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