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Venezuela, al borde de una crisis alimentaria y sanitaria, alertan

Venezuela está al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, con consecuencias sociales impredecibles, advirtieron este martes los Obispos y Arzobispos del país sudamericano.


Venezuela; Conferencia Episcopal Venezolana


Reunidos en la 106ª Asamblea Ordinaria, tras una breve descripción de la realidad social que padece el país, los prelados alertaron también que el acrecentamiento del poder militar constituye una amenaza a la tranquilidad y la paz.

La exhortación, con fecha del 12 de julio de 2016, titulada “El Señor ama al que busca la justicia”, señala que la violencia y la inseguridad están en todas partes.

El texto pone de manifiesto que “la identidad cultural del venezolano se reduce y hasta se pierde cuando se valora únicamente si está vinculada al proyecto político imperante... La democracia en Venezuela está resquebrajada”.

Sin embargo “la crisis moral es mayor que la crisis económica y política, porque afecta a toda la población en sus normas de comportamiento. La verdad cede su puesto a la mentira, la transparencia a la corrupción, el diálogo a la intolerancia y la convivencia a la anarquía”.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) enunció tres prioridades:

1.- “Es de urgente prioridad que el Ejecutivo permita la entrada de medicamentos al país, dada su gran escasez. Para su recepción y distribución, la Iglesia ofrece los servicios e infraestructura de Cáritas, y de otras instancias eclesiales abiertas a la cooperación de otras confesiones religiosas e instituciones privadas. Este servicio no es la solución definitiva, pero sí es una ayuda significativa”.

2.- “Es una necesidad que se abra de manera permanente la frontera colombo-venezolana. El haber permitido su apertura el pasado domingo 10 de Julio hizo posible que numerosos hermanos pudieran proveerse de alimentos, medicinas y otros bienes. El paso de miles de ciudadanos al vecino país es prueba evidente de la crisis”.

3.- “Aumenta el número de ciudadanos venezolanos recluidos en las cárceles y en distintos lugares de jurisdicción policial, injustamente privados de libertad, muchos de ellos por razones políticas. La gran mayoría se encuentra en condiciones inhumanas y carece del debido proceso. Estas personas, siendo inocentes, deben salir en libertad plena, o al menos, deben ser juzgadas en libertad, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal”.

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