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Presión internacional anti-vida y absurdas artimañas

El último ejemplo de un cuerpo de monitoreo de Naciones Unidas que tergiversa un tratado para avanzar en el tema del aborto, es el Comité Contra la Tortura (CAT), durante la 52 Sesión en Ginebra, Suiza. Este Comité constituye un cuerpo de ‘expertos’ en derechos humanos que monitorea la implementación de la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Como antecedente debo mencionar que ya la Red Internacional sobre Derechos del Niño (CRIN) y la Organización Internacional Contra la Tortura (OMCT) habían declarado que al asentir a la violación y otras formas de abuso sexual cometidos mundialmente por los clérigos católicos y otros, operando bajo la autoridad de la Santa Sede, ésta había fallado en sus deberes para prevenir la tortura y otros actos de trato indebido dentro de su jurisdicción y por tanto, violando la Convención contra la Tortura.

En este mes de mayo, la Santa Sede presentó su informe al Comité por medio de su enviado especial Mons. Tomasi quien declaró que: “la Santa Sede no tiene jurisdicción (en virtud del artículo 2.1 de la Convención) sobre cada miembro de la Iglesia Católica”. Indicó además que “las personas que viven en un determinado país se encuentran bajo la jurisdicción de las autoridades legítimas de ese país, por tanto, están sujetas a la legislación nacional y a las consecuencias de la misma”, al punto que “las autoridades estatales están obligadas a proteger y cuando sea necesario, enjuiciar a las personas bajo su jurisdicción”. También dijo el observador del Vaticano que “las medidas adoptadas en los últimos diez años por la Santa Sede y las Iglesias a nivel local, han dado resultados positivos y continuaremos en esa dirección”.

Precisó además que “la Santa Sede, como miembro de la comunidad internacional, está relacionada pero separada y distinta del territorio de la Ciudad del Vaticano, sobre el cual ejerce soberanía. Y continuó: El Estado Ciudad del Vaticano fue fundado para garantizar más eficazmente la misión espiritual y moral de la Santa Sede, aunque la personalidad interna de la Santa Sede nunca se ha confundido con los territorios sobre los que se ha ejercido la soberanía del Estado”. Por ello, aseveró que la Santa Sede fomenta a nivel mundial los principios básicos y los auténticos derechos humanos reconocidos en la CAT, mientras implementa su aplicación en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano en armonía con la Declaración interpretativa. (Zenit.org 5 Mayo, 2014).

El arzobispo Silvano Tomasi también encabezó la delegación en la audiencia del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño (CRC) en su 65 sesión de enero 2014, quien declaró en entrevista por Radio Vaticano que “tomando en cuenta los remedios prácticos para prevenir los casos de abuso de niños, la CRC parece no estar al corriente, ya que subrayan un punto de vista negativo a lo que la Santa Sede ha estado haciendo y ha logrado en el área de la protección a los niños”, y puso como ejemplo las medidas concretas llevadas a cabo tanto por el Estado Vaticano como en la Iglesia en su totalidad, como ejemplo, la Comisión anunciada por el Santo Padre para la Protección de Menores.

Más adelante, concluyó Mons. Tomasi: “El reporte de la CRC solicita a la Iglesia que se retracte sobre su enseñanza sobre el aborto y esto es una contradicción con el principio de la vida que la misma Convención debería apoyar recomendando que los niños sean protegidos tanto antes, como después del nacimiento”.

En su 52 sesión en Ginebra, Suiza, los miembros del Comité (CAT), oficialmente llamados ‘expertos’, reprendieron a la Santa Sede por su oposición al aborto durante la revisión de su reporte a la Convención de la Tortura y Otros Tratos y Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Los miembros del Comité afirmaron que la oposición pro-vida al aborto resulta en “tortura para las mujeres” [http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=890&Lang=en]

Debo comentar que los ‘expertos’ no toman en cuenta los estudios elaborados en la especialidad médica de “anestesiología pediátrica”, la cual ha evolucionado al punto de tolerar intervenciones quirúrgicas en niños pequeños aun antes del nacimiento, los cuales, según han publicado en revistas especializadas, está comprobado que entre las 20-30 semanas de gestación aproximadamente, la mayor densidad de receptores de dolor por pulgada cuadrada de piel desarrollada en un niño antes de nacer, es cinco veces mayor que la sensibilidad de un niño o un adulto. Sin embargo, el niño en gestación aún no desarrolla los mecanismos que se necesitan para modular o aminorar el dolor, ya que ese desarrollo “pain-dampening” (de “disminución del dolor”) ocurre hasta las 40 semanas de gestación (o nacimiento), y después de éste.

Sólo la industria del aborto perpetúa el mito de que los niños no-nacidos no sienten y son insensibles a la experiencia de su desmembramiento.

El aborto, que puede describirse como la muerte, aun dolorosa, de un niño dentro del útero materno, puede además ocasionar consecuencias perdurablemente negativas emocionales, físicas y psicológicas a la mujer; es verdadera tortura, pero los expertos escogen ignorar estos hechos, enfocándose en cambio negativamente en el respeto de la Iglesia Católica por el derecho a la vida y su oposición al aborto.

Felice Gear, Vice Moderadora del Comité CAT de Estados Unidos, afirmó: “Este Comité ha encontrado repetidamente que las leyes que penalizan la terminación del embarazo en todas circunstancias, puede violar los términos de esta Convención”.

El Comité CAT refiere esta interpretación porque recibió de activistas pro-aborto legales sus opiniones, incluyendo el Centro de Derechos Reproductivos y Amnistía Internacional, quienes continuamente promueven el llamado ‘derecho al aborto’, a pesar de que ningún tratado internacional lo incluya.

El Centro para los Derechos Reproductivos entregó un reporte sombra [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/VAT/INT_CAT_NGO_VAT_17038_E.pdf] sobre la Santa Sede al Comité CAT, que sería mejor llamarlo ‘reporte distorsionador del tratado’, en donde critica la creencia básica de la Iglesia Católica de que el derecho a la vida comienza en el momento de la concepción y que el aborto inducido viola ese derecho. Este reporte también emite críticas a la Santa Sede por su respaldo a acciones que promueven la cultura de la vida en la ley y en la política.

El Nuncio Papal Silvano Tomasi estaba preparado para tales críticas por el Comité CAT y explicó que la postura pro-vida de la Iglesia Católica protege los derechos humanos. “La meta de la Santa Sede es la prevención de que los niños sean torturados o asesinados antes del nacimiento, como estipula la Convención”. Su declaración incluyó referencia al número de bebés que han sobrevivido al aborto:

“Por ejemplo, en Canadá, 622 niños vivos fueron dados a luz después de intentos fallidos de aborto entre 2000 y 2001. En Gran Bretaña fueron 66 casos registrados. Algunos métodos de abortos de último término constituyen formas de tortura, especialmente en el caso de dilatación y evacuación, en donde el feto, aún vivo, es desmembrado para ser sacado del útero en pedazos”.

El comité CAT envió un mensaje al gobierno de Nicaragua en donde dijo que “necesitaba revisar su marco legal en relación al aborto”, observando que la prohibición al aborto “expone a las mujeres y niñas a constante amenaza de serias violaciones a sus derechos, especialmente si la continuación de su embarazo constituye una amenaza a su vida o son víctimas de violación”. Amnistía Internacional coincide con dicha interpretación del tratado y afirma: “El Comité está enviando un mensaje claro al país de Nicaragua: Hasta que no sea puesta en efecto la prohibición sin excepciones (al aborto), estarán quebrantando sus obligaciones legales internacionales para la protección de los derechos humanos”.

Sólo como corolario informativo, México firmó la Convención Contra la Tortura el 18 de marzo de 1985 y la ratificó el 23 de enero de 1986. Además, México ratificó el Protocolo opcional que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 18 de enero de 2002 y que provee el establecimiento de un sistema de visitas regulares llevado a cabo por cuerpos independientes nacionales e internacionales a lugares en donde las personas sean privadas de su libertad, con objeto de prevenir la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes, para ser revisados por un sub-comité de Prevención de la Tortura.

El Comité CAT atiende recomendaciones de otros cuerpos como son Amnistía Internacional, el cual recientemente afirmó que: la violencia contra las mujeres y niñas en México permanece extendida en el país, y no están asegurados el acceso a la justicia y la seguridad. Amnistía Internacional afirma además que las disposiciones legales son un obstáculo para los servicios de aborto, lo cual restringe los derechos reproductivos de las mujeres. Los derechos de personas indígenas también son amenazados por la discriminación sistemática y la desigualdad.

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