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La seguridad debe ir más allá de los discursos: Ortega Sánchez

El Obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, una de las regiones más afectadas por la violencia, dio la nota esta semana, al confirmar que sostuvo una reunión con líderes criminales de su territorio eclesial, para comprometerlos a respetar el proceso electoral y no asesinar a los candidatos a diversos puestos de elección popular.


Reunión de obispo con criminales


A cambio, los narcotraficantes hicieron una serie de peticiones: “una, que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto y que, en su lugar, realicen obras en las comunidades” reveló el purpurado. Es decir, que los políticos cumplan con sus obligaciones.

“Lo único que les pedí es que no asesinen, que no secuestren, que traten bien a la gente”, aseguró el obispo. Aunque no tenía la obligación de hacerlo, Rangel Mendoza decidió anunciar públicamente su reunión y transparentar los acuerdos.

Inmediatamente comenzó el debate entre quienes defendieron la postura del obispo y quienes le reprocharon reunirse con criminales.

El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, responsable de la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación del Episcopado Mexicano, respaldó a Rangel Mendoza.

En contraparte, el gobierno de Guerrero, a través de su vocero, Roberto Álvarez Heredia, aseguró que la violencia en esa entidad no se resuelve con pactos con criminales; y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida fue más allá y aseguró que el gobierno federal investigará dicha reunión, al argumentar que la ley es innegociable.

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, explicó en entrevista con Yo Influyo, que el problema radica en que el Estado no ha sido capaz ni de aplicar la ley ni de resolver el problema de la inseguridad.

“Que el cumplimiento de la ley no se quede solo en los discursos, que se aplique en los hechos, que baje la impunidad, que judicialice a todos lo que violentan a las personas en todo el país. Hoy tenemos una de las situaciones de violencia más graves de los últimos años y yo no veo que la autoridad esté muy preocupada por castigar a todas las personas que están cometiendo estos crímenes”.

En su opinión, la decisión del obispo de reunirse con criminales para pacificar su jurisdicción es una medida positiva, pues el sacerdote solo ha visto por sus fieles y no ha actuado fuera del marco de la ley.

“Que se acerque para que no se cometan crímenes, que se acerque para que, de alguna manera, su pueblo tenga paz y viva mejor, me parece una buena medida que está implementando el Señor Obispo.

En la sierra de Guerrero las condiciones de seguridad son alarmantes. Ahí reina la impunidad y la ley del narco se impone a la del Estado. La diócesis de Rangel Mendoza incluye a Chilapa, el segundo más violento del país, con una tasa de 181 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y los otros municipios, incluido Chilpancingo, capital estatal, no presentan cifras muy diferentes.

No es la primera vez que el obispo Rangel sube a la sierra para realizar estas negociaciones. Él mismo recordó que ya lo había hecho hace algunas semanas para pedir garantías para sus sacerdotes. En febrero pasado, dos de ellos, Iván Añorve y Germain Muñiz, fueron asesinados.

 

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