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Reprochan vacilación para castigar a militares

Con una dura crítica al gobierno mexicano y a la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), aseguró que a 10 años de que en el país se iniciara una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada con el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, los resultados no favorecen a la justicia.



“Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México” es el título del nuevo informe en el que se analizaron durante el transcurso de 11 meses la actuación de los miembros del Ejército en las actividades de seguridad.

En el texto de 40 páginas se afirma que “la estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. El aumentado de la violencia y las constantes violaciones a los derechos humanos; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente”.

En las investigaciones llevadas a cabo por WOLA se destaca que en la situación actual de las investigaciones en contra de soldados muestra que “las autoridades no tienen voluntad política para hacer justicia en estos casos”.

Asimismo, hace un urgente llamado a fortalecer el sistema de justicia civil, de evitar contrarreformas al sistema acusatorio y de no postergar más la reforma policial en México. “Las autoridades no pueden evadir este debate permanentemente y entre más lo prolonguen, más exponen a la población civil a peligros y abusos, y a los soldados al desprestigio”.

Entre los hallazgos que se encontraron en esta investigación, se indica que “casi todas las investigaciones de la PGR en contra de soldados están sin resolverse… y no ha mostrado voluntad para investigar de forma seria y exhaustiva a los soldados que han cometido delitos o violaciones a derechos humanos en contra de civiles”.

El informe detalla que al menos tres acciones relacionadas con las autoridades militares han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles:

1) el inicio de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las civiles, 2) la dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil y 3) casos en que soldados han llegado a alterar escenas del crimen o a declarar falsamente.

Por otro lado, exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a mejorar la investigación y seguimiento a sus recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, entre otros, mediante la clasificación de esos casos como violaciones graves a derechos humanos cuando corresponda, la recomendación expresa de investigar la cadena de mando y obediencia a órdenes militares y, abstenerse de tener por cumplidas recomendaciones dirigidas a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), a la Secretaria de Marina (SEMAR) y a la PGR si no hay avances significativos en la investigaciones civiles.

Responde gobierno mexicano

En respuesta al informe de WOLA la Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República, publicaron un comunicado conjunto en el que exaltan la labor de los miembros de las Fuerzas Armadas en México y sus labores de solidaridad con la población civil, además de dar una breve respuesta al análisis.

Las autoridades resaltan que durante la presente administración, las Fuerzas Armadas de México han ampliado su programa de capacitación en materia de derechos humanos, para reforzar la cultura de respeto y su promoción. Lo anterior ha dado como resultado una visible reducción de las quejas interpuestas contra personal militar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las recomendaciones emitidas por la CNDH a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Por su parte, la PGR ha encaminado los esfuerzos necesarios para materializar cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones. Además, de la suma de los esfuerzos a través de la sociedad civil, los expertos académicos y los interesados a partir de los de la publicación de los resultados de la Consulta Nacional de Procuración de Justicia, en el reciente Informe Ejecutivo 2017.

 

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