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Mejorar la seguridad no es tarea del Poder Judicial

No es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación (PJF) mejorar las condiciones de seguridad del país, nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución y esa labor no la vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica, aseveró el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 


Señaló que el Poder Judicial de la Federación ha asumido sus obligaciones en el marco del Nuevo Sistema, y destacó que en la implementación y consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca, ya que la problemática de seguridad pública que vive el país demanda de los jueces mayores esfuerzos en la tarea de juzgar, que bajo ningún concepto puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto a los derechos que el propio Constituyente ha reconocido a favor de quien se imputa un delito o a quien lo sufre, la víctima. 

El nuevo Sistema de Justicia Penal que entró en vigor hace un año a nivel federal, ha sido cuestionado por organizaciones civiles e inclusive por gobernadores, quienes ven en este el riesgo que muchos delincuentes que están en las cárceles del país, puedan salir libres acogiéndose a los beneficios del nuevo modelo acusatorio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 93.7% del total de delitos ocurridos en el país en 2015 no fueron denunciados o no derivaron en una investigación por parte de la autoridad; entre los principales motivos que mencionaron las víctimas para no denunciar fueron la desconfianza en las autoridades y por considerar una pérdida de tiempo acudir con el Ministerio Público.

Esto justificó, en gran medida la implementación del nuevo sistema, que costó más de 20 mil millones de pesos, la aplicación de un sistema acusatorio-adversarial, que en términos coloquiales se entiende como juicio oral, ha sido un gran reto tanto para los operadores del sistema de justicia penal, como para los legisladores y la sociedad en su conjunto, toda vez que se trata de un cambio de paradigma que ha exigido cambios radicales en diversos ámbitos, que han ido desde ordenamientos, infraestructura, métodos y procesos institucionales, así como de nuevos mecanismos procesales, pero que aún no terminan por convencer.

Aguilar Morales apuntó que todos somos respetuosos de las visiones críticas, pues es evidente que aún quedan aspectos por mejorar y es preciso y urgente hacer, como se está haciendo ahora con esta convocatoria, un diagnóstico minucioso que, en su caso, permita identificar las áreas de oportunidad, pero el compromiso es consolidar las instituciones que garanticen que se repare el daño a la víctima y que se castigue solo al que sea hallado culpable en el debido proceso legal, sobre principios ineludibles, como el principio de presunción de inocencia.

Ante ello, el Ministro Presidente del PJF dijo que “los jueces son protectores en primera instancia de los derechos de todos, sin adjetivos, ni de los delincuentes, ni de las víctimas, sino de todos, incluyéndolos a todos”. Y, en segunda instancia, en busca del objetivo final que es la protección de los derechos de una convivencia social pacífica, sancionando al que se ha probado, mediante el proceso legal correspondiente, el debido proceso, su culpabilidad, no antes. 

Agregó, que el sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales. Así lo asentó al inaugurar el Congreso Nacional “La justicia que México necesita: mitos y realidades del Nuevo Sistema Acusatorio”, al que asistieron Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; de los senadores Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez; así como de Gilberto Higuera Bernal, Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.

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