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Urge abatir “indolencia criminal” en torno al bullying: senadores

Los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) y Mario Delgado Carrillo (PRD) anunciaron que este miércoles (4 de junio) presentarán ante la Comisión Permanente una iniciativa de ley para la prevención y atención del acoso escolar, conocido como bullying.


Medidas contra el bullying


Informaron que solicitarán al pleno se convoque a una sesión extraordinaria para debatir y aprobar la iniciativa, misma que propone una red nacional para promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar y un programa para diseñar políticas públicas sobre el tema, con sistemas de evaluación y medición de los avances, e información a la sociedad.

Urge hacer a un lado la “indolencia criminal” en torno a las agresiones dentro de los centros escolares, que ya han causado muertes por golpes y suicidios, advirtieron.

Los legisladores aseguraron que la iniciativa tiene el consenso de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, ante el notorio aumento de la violencia entre menores de edad. Además, incluye las propuestas principales de doce iniciativas que se han presentado previamente.

Los senadores no quieren ni una muerte más de un menor a causa del bullying, a causa de agresiones o de un suicidio, expuso la senadora Gómez del Campo, quien precisó que la iniciativa propone un nuevo modelo educativo donde los alumnos tengan derechos y obligaciones, además de que plantea una materia específica de corte humanista, a fin de inculcar a niños y adolescentes valores y respeto a los derechos humanos.

Plantea un modelo único de atención integral, con un protocolo de atención y seguimiento a cada caso, a fin de recabar estadísticas sobre el avance en la erradicación de la violencia entre menores. De igual forma, propone el esquema de escuelas para padres para generar conciencia y promover valores, al tiempo que ofrecerá apoyo pedagógico y psicológico.

La legisladora del PAN destacó que estadísticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) revelan que 60 por ciento de los alumnos de educación básica han enfrentado algún tipo de violencia en las escuelas, es decir, 18.7 millones de estudiantes han sido víctimas o testigos de este acoso. Esto confirma el reporte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el sentido de que México registra el primer lugar de bullying a nivel internacional.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) firmó un acuerdo de coordinación con entidades federativas para establecer 15 acciones de capacitación de maestros, así como estrategias para canalizar denuncias; además el Distrito Federal, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz cuentan con legislación en la materia, apuntó Gómez del Campo.

Todo esto ha sido insuficiente para revertir el fenómeno del acoso escolar o bullying, por lo que es necesario un sistema homogéneo: “no pueden seguir acciones aisladas en los congresos locales, se requiere de una visión nacional, que establezca con claridad las responsabilidades de los tres niveles de gobierno”, aseveró la legisladora.

Muerte de menor de edad fue el detonante

Finalmente, lamentó que la muerte del niño Héctor Alejandro, en Tamaulipas, haya centrado la atención de la sociedad en el fenómeno de la violencia entre infantes.

Por su parte, el senador Mario Delgado expuso que la iniciativa propone un programa nacional de prevención, que tendría la participación de los integrantes de la comunidad educativa: alumnos, padres de familia y maestros, a fin de tener una base de las políticas públicas a desarrollar. Además, está la propuesta de crear un observatorio en cada entidad federativa, responsable de generar información e indicadores de la violencia escolar, que permita medir correctamente este fenómeno y evaluar su evolución.

Cada escuela y consejo de convivencia escolar deberán tener obligatoriamente un programa interno de prevención de la violencia, acorde a las características de cada institución y su población. La iniciativa contempla derechos pero también obligaciones para todos, pues los mentores se capacitarán en el tema del acoso escolar; y los padres deberán atender recomendaciones de especialistas, como psicólogos o trabajadores sociales, apuntó el senador.

También habrá sanciones, como amonestaciones públicas a los padres de familia que no atiendan las recomendaciones de los especialistas; y las escuelas que no atiendan los problemas de bullying podrán ser sujetas a multas, e incluso, la pérdida de registro ante la SEP.

Luis García López Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y Joaquín Quintana, presidente de la organización Convivencia Sin Violencia, expresaron su respaldo a la propuesta, ante la gravedad que han alcanzado las agresiones entre niños y adolescentes, con gran riesgo de que se convierta en algo “normal”.

Por ello, consideraron importante establecer responsabilidades de los estudiantes: tanto los que incurren en agresiones como en quienes son testigos, pues ellos pueden detenerlas en el momento en que se suscitan, concluyó Joaquín Quintana.

PRI propone 5 años de cárcel

La iniciativa que presentarán los senadores Mariana Gómez del Campo y Mario Delgado se contrapone con la que anunció la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, en la que propondrán a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reclusión de hasta cinco años a los menores que comentan bullying en las escuelas.

En la propuesta priísta se señala que en caso de fallecimiento de la víctima por causas de acoso y violencia escolar, los padres o tutores del menor infractor están obligados al pago de los gastos funerarios e indemnización que corresponda.

Asimismo, en caso de homicidio “se confinará al consejo tutelar por un periodo de uno y hasta cinco años, y cuando ocurra la revisión del caso se deberá tomar en cuenta la opinión de los padres del menor que hubiere perdido la vida”.

La iniciativa del diputado Alejandro Montano establece que el menor infractor que cometa bullying deberá cumplir un periodo de seis meses de trabajo social inconmutables.

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