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Insensibilidad para castigar abuso sexual infantil en escuelas

El delito de abuso sexual infantil que se presenta en escuelas públicas por parte de trabajadores de la educación requiere de sanciones más severas, ya que en la mayoría de los casos los agresores son puestos en libertad bajo el pago de una fianza y reinstalados en otros centros educativos, en donde siguen manteniendo cercanía con menores de edad.

Las diputadas Carmen Lucía Pérez Camarena (PAN), secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, y Miriam Cárdenas Cantú (PRI), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, coinciden en señalar que a los congresos (federal y locales) les ha faltado sensibilidad para enfocarse en la atención y sanción de este problema.

Ambas legisladoras federales advierten que se debe trabajar más en la legislación federal para sancionar con mayor severidad a quienes infieren agresiones sexuales a menores de edad en las escuelas públicas del país, aunque también es prioritario trabajar en la prevención, educación y sensibilización con los padres.

Congresos estatales omiten exhorto

Pérez Camarena lamenta que a un año de distancia no haya tenido eco en los congresos estatales el punto de acuerdo que presentó el 16 de abril de 2013 en la Cámara de Diputados, para que legislaran por mayores penas todo el tema de violaciones y abuso sexual hacia las niñas, niños y adolescentes.

“Las sanciones para este tipo de delitos no son suficientes, son muy bajas. Desgraciadamente hemos visto que este exhorto no tuvo respuesta de ningún congreso estatal. Es lamentable observar que en muchos códigos penales de nuestros estados, las sanciones son más fuertes para otros tipos de delitos que para nuestros niños, como por ejemplo el abigeato, que todavía en algunas constituciones es mucho más grave que el tema que nos ocupa”, señala la diputada de Acción Nacional.

La legisladora por el estado de Jalisco admite que tema se aboca al ámbito legislativo de cada entidad, razón por la cual presentó hace un año el punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales a que pudieran legislar en este tema, sobre todo porque el Artículo 4° Constitucional refiere que todas las decisiones del Estado deberán velar y cumplir por el interés superior de la niñez.

“Vemos con mucha preocupación cómo nuestra sociedad se ha deteriorado y, lejos de cuidar la integridad de nuestras niñas y niños, hoy hay una afectación directa, a veces de manera muy perversa, de algunas personas hacia nuestra niñez; entonces, creemos que el Estado debe de tomar acciones más enérgicas para salvaguardar la integridad de nuestras niñas y niños. Por eso es que presentamos en ese entonces ese punto de acuerdo”, argumenta.

Pérez Camarena enfatiza en la necesidad de revisar y armonizar los marcos normativos en los estados, al igual que en el ámbito federal, para incluir no sólo penalidades más severas, sino también mayor trabajo de prevención y de sensibilización, sobre todo para los servidores públicos, en la atención de este tipo de casos”.

La diputada reconoce que se ha avanzado con la reforma educativa, un tema que era un viejo anhelo del PAN, en el sentido de que los padres tengan la oportunidad de supervisar los programas de estudio; “pero yo creo que también hoy debemos impulsar que lo padres tengan la posibilidad de conocer cuál es la situación por la que están atravesando sus niñas y niños; a qué se están exponiendo, si es en el ámbito familiar o escolar, a fin de conocerlo y tomar las medidas necesarias”.

-¿El legislativo se ha quedado corto en la atención de este problema?

-Yo creo que nos hemos enfocado a “reformas trascendentes” en los ámbitos económico, laboral, educativo y político, que han sido significativas, que van a impactar y que ya están impactando en la vida de todos; pero a los legisladores nos hace falta un poco más esa mirada humana, esa mirada más cercana a nuestro ámbito más próximo que son todo el tema de niñez, de mujeres, de salud, de trata, de pornografía. La niñez de esta época enfrenta problemáticas muy diferentes a las que enfrentamos hace 20, 30 o 50 años. Entonces, tenemos que actualizar nuestros marcos normativos, hacerlos acordes a esta realidad.

No obstante, Lucy Pérez reconoce que tampoco se trata de perseguir todo por perseguirlo, pero sí hacer las leyes más funcionales, que vayan también con una perspectiva más humana y que se apliquen, pues hay muchas leyes que se han aprobado en favor de los derechos de la niñez y sin embargo en la práctica se observa no pasa nada.

“Sé que los maestros ya tienen mucho con la tarea de brindar educación a nuestros hijos, pero después del hogar, el ámbito de mayor influencia para un niño es la escuela. Por eso, queremos que haya mayor capacitación para los docentes, a fin de que también se den cuenta a tiempo de situaciones de este tipo, para que la atiendan y no se queden callados ni sean cómplices”, remata Pérez Camarena.

No se sanciona a los responsables del abuso: Miriam Cárdenas

Por su parte, Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, sostiene que lo más grave del abuso sexual infantil en escuelas públicas es que no se castiga a los responsables y que las sanciones que se establecen actualmente son poco conocidas.

“En éste, como en muchos otros delitos, para poder tomar las decisiones adecuadas, las políticas necesarias y las medidas legislativas pertinentes, lo primero que se debe hacer es conocer la magnitud y dimensión del problema, y no lo conocemos. No hay una fuente confiable a la cual acudir para conocer a ciencia cierta el número de casos que se dan en el país. No hay un sistema que aglutine toda la información de las procuradurías estatales, por ejemplo, que refieran este tipo de casos, lo cual impide que se pueda visualizar el problema y dimensionar las repercusiones que éste va a tener en nuestra sociedad, que creo son repercusiones poco favorables para el adecuado crecimiento y desarrollo en todos los niveles y ámbitos de la vida social, económica y política, porque la persona que sufrió este tipo de agresiones y no recibió la atención adecuada en su momento, puede tener repercusiones adversas”, explica.

La diputada priista establece que se necesitan desarrollar acciones concretas, definitivas y contundentes para afrontar el abuso sexual infantil en las escuelas públicas del país, “pues lamentablemente hemos visto que cuando un maestro es acusado por este delito, el gremio busca protegerlo y se busca descalificar al menor de edad que denunció los hechos; lo califican de mentiroso, fantasioso, no le prestan la atención debida, lo cual es muy grave”.

Cárdenas Cantú sostiene que muchas personas pueden referir alguna experiencia de esta naturaleza en su vida infantil o en su adolescencia. “Yo estuve en una escuela pública en la primaria y me acuerdo perfectamente del caso de una niña que supuestamente decía mentiras acerca de un maestro, pero el tiempo probó que lo que decía era cierto. Al paso del tiempo, esta mujer pudo superar hasta la edad adulta las afectaciones emocionales y efectos psicológicos que le ocasionaron los tocamientos de que fue objeto. Pero ella tuvo la suerte de buscar atención especializada, el esfuerzo fue propio, pues no estuvo acompañada del esfuerzo de autoridades. Lo más lamentable es que el maestro siguió dando clases y tras acumular más señalamientos por conductas indebidas, fue retirado como maestro de grupo, pero después de muchos años”.

La legisladora por el estado de Coahuila afirma que esa resistencia que se dio hace 40 años con su compañera de aula no ha evolucionado, aún permanece y es la que se debe vencer mediante políticas específicas, tanto en el sector educativo, como en la comunidad en general, para que la familia tenga herramientas para enfrentar situaciones como ésas.

“No es un tema menor, debe generarse una conciencia sobre la importancia de establecer mecanismos claros y precisos, con protocolos de actuación y de sistemas de información que arrojen cuál es la realidad sobre este tema y que permitan, con base en la realidad, con datos objetivos y duros, tomar las decisiones adecuadas para el tratamiento del problema”.

No le conviene a la SEP la difusión de estos casos

Miriam Cárdenas sostiene que a ningún plantel educativo ni a la Secretaría de Educación Pública les conviene que se dé a conocer públicamente un problema de este tipo, porque se cree que afectará el buen nombre de la institución, por lo que normalmente se mantiene en silencio para que no trascienda. “Lo importante aquí sería que ese plantel establezca los mecanismos necesarios para que no se den conductas de ese tipo, ello hablaría mejor de esa institución”.

Reconoce que uno de los principales problemas que prevalecen en materia de impartición de justicia en México es precisamente el integrar las averiguaciones e investigaciones a que está obligado el Ministerio Público, de tal forma que pueda sancionarse a las personas responsables de la comisión de un ilícito. “Es mucho el trabajo que debe hacerse, porque conocemos que la impunidad es muy alta. El 98 por ciento de los delitos que se denuncian en México no son sancionados y esa no es una estadística de la cual podamos sentirnos orgullosos”.

En opinión de la presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el abuso sexual infantil trae consigo una complicación adicional muy especial en la dificultad de la prueba, sobre todo cuando sólo se trata de tocamientos, es decir, sólo afectan la integridad emocional de las víctimas, no la física. “Esto complica la veracidad de la denuncia. No obstante, existen algunos procedimientos psicológicos que permiten confirmar la veracidad de lo que dice el infante”.

-¿Las sanciones penales son acordes al tamaño del delito?

-Creo que en relación a este tipo de delitos debe hacerse una tabulación y un comparativo de las penas existentes, porque es mucha la disparidad que existe en los estados del país, donde se sanciona más el abigeato, que se da mucho en mi tierra, Coahuila, que los delitos que atentan contra la libertad sexual; hay una disparidad enorme… ¡Cómo es posible que sanciones más a quien se roba una vaca, que a quien viola o abusa sexualmente de un menor de edad!... Por ello, es importante homologar estos criterios. Es una tarea pendiente a la que nos debemos abocar.

En el análisis del tema, Miriam Cárdenas indica que en algún momento se abusó en la calificación de los delitos, razón por la cual todos empezaron a ser graves, lo que provocó que ahora haya la versión contraria, es decir, se le va a quitar la gravedad a todos y se van a dejar específicamente algunos como graves.

Con el tránsito hacia el nuevo sistema penal acusatorio, se busca establecer penas ejemplares en delitos que por su repercusión social, por la lesión que causan a la sociedad, a la persona, a la familia, deben de tener una pena severa con relación a otros delitos.

“Con el nuevo código nacional de procedimientos penales se está buscando caminar hacia allá y que finamente sea una regulación única para todo el país. Todavía no entra en vigor y todavía no se ha determinado cuándo entrará, pero se busca esa unificación… Por ahora, la descripción del delito de abuso sexual infantil por parte de trabajadores de la educación y la sanción correspondiente sigue estando en la esfera de competencia de los estados y ante ello el Estado no puede intervenir, porque se estará violando su plena autonomía e independencia”, concluye.

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