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Debate Senado nueva Ley Federal de Transparencia

El Pleno de la Cámara de Senadores abrió el debate sobre el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que precisa las bases y principios generales en esta materia.


Ley Transparencia


Ello, se precisa en las consideraciones del dictamen, con la finalidad de lograr una adecuada armonización y homogeneidad a nivel nacional, que garantice el cumplimiento a lo dispuesto por la reforma al artículo 6 de la Constitución Política.

La nueva Ley tiene por objeto proveer lo necesario, en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Establece que en la aplicación e interpretación de este ordenamiento deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley General, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Plantea que las resoluciones del Instituto garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y que únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) puedan poner en peligro la seguridad nacional.

Prevé que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte

Además, sugiere que no se pueda invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

Para el cumplimiento de sus objetivos, los sujetos obligados tienen que, según corresponda, contar con los Comités de Transparencia y las Unidades de Transparencia, así como vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna.

Además, entre otros puntos, deben constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable; promover la generación, documentación, y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles; proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información.

El nuevo ordenamiento también propone que los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General y esta Ley por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia.

Las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia que determine el INAI.

Incluye un capítulo sobre Gobierno Abierto, en el que las cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los organismos constitucionalmente autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal deberán establecer políticas internas para conducirse de forma transparente.

Además, tienen que generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés, crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones y promover la eficacia, tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño.

A propuesta de las comisiones dictaminadoras, se incorporaron al dictamen modificaciones a los artículos 15, 30, 34, 42, 50, 67, 69, 72, 113, 185, y 197.

Entre las modificaciones, se elimina la competencia de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para poner a disposición del público y actualizar la información sobre los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas de carácter general, a que se refiere el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Se agregaron cambios para poner a disposición del público y actualizar información de seguridad pública, procuración de justicia y política exterior. De esta manera, se tiene que dar a conocer la estadística desagregada de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas a las conductas consideradas como delitos en materia de justicia para adolescentes y la relativa a la solución de controversias, a través de mecanismos alternativos en materia penal.

Además, se deberá poner a disposición del público y actualizar la información sobre el número de constancias de suscripción del Convenio a que hace referencia la fracción I del artículo 27 de la Constitución, para obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional. Así como el número de constancias de suscripción para la adquisición de bienes inmuebles fuera de la zona restringida, así como el número de permisos otorgados para la constitución de fideicomisos.

Respecto al gobierno abierto, se agregan, entre otros puntos, que a los órganos del Poder Judicial de la Federación compete propiciar el acceso al público a audiencias y sesiones en las que se resuelvan asuntos jurisdiccionales, así como mecanismos de acceso público a las sesiones de los órganos colegiados administrativos.

Además, se precisa que el INAI coadyuvará en la promoción e implementación de políticas y del mecanismo de apertura gubernamental en el ámbito federal, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título Cuarto, de la Ley General.

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