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Discriminatorio, limitar derecho a salud de mujeres embarazadas

La mortalidad materna es un problema grave de salud pública en México.

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (2009), de los 2.1 millones de embarazos anuales, alrededor de 300 mil tienen complicaciones obstétricas.


Primero la dignidad de las mujeres


El efecto que estas complicaciones obstétricas tienen en el país es enorme, ya que 30 mil mujeres quedan con secuelas que las convierten en discapacitadas, y más de 1000 fallecen anualmente, lo que provoca una secuela social de 3 mil huérfanos cada año (el 80% de estas defunciones son prevenibles).

En este contexto, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma que establece la obligación de las instituciones de salud pública de atender de manera expedita a las mujeres embarazadas que tengan una urgencia obstétrica, representa un gran paso en el tema de la mortalidad materna.

La iniciativa fue presentada por la diputada federal Flor Pedraza, quien afirma que lo fundamental de su propuesta es “no permitir que se vuelva a presentar ni un solo caso más de mujeres que den a luz en el estacionamiento, en un jardín, en una recepción o en el baño de un hospital”.

No es la primera vez que el tema se trata en alguna de las Cámaras del Congreso, aunque sí la más exitosa. Este mismo año, el 4 de marzo, ante graves casos de negligencia que ocasionaron partos en diversas áreas comunes de hospitales públicos e incluso, la muerte de una mujer y su hijo en Ayutla, Guerrero, la misma Cámara de Senadores aprobó un punto de acuerdo propuesto por las senadoras Pilar Ortega y Adriana Dávila en el que solicitaba al IMSS un informe detallado respecto a la situación de las mujeres embarazadas en los hospitales del Instituto, particularmente en el estado de Oaxaca.

Al respecto, la legisladora Pedraza señala: “La situación de las mujeres embarazadas que no son atendidas es alarmante, pues se trata de una limitación injustificada al derecho a la Salud reconocido en el artículo 4to. de la Constitución Federal, así como en numerosos tratados internacionales e incluye también, un componente de discriminación”.

La iniciativa de la diputada Pedraza Aguilera, que ahora espera la aprobación por parte del Senado, es un gran esfuerzo por atender la difícil situación que viven las mujeres embarazadas que no cuentan con seguridad social, sobre todo en zonas rurales y de alta marginación. Su importancia radica en que, de ser aprobada por la Cámara revisora, se obligará a las instituciones públicas de salud a dar atención a las urgencias obstétricas con calidad y celeridad, sin importar si se es derechohabiente o no.

“Lo alarmante de las cifras relacionadas con la muerte materno-infantil nos obliga a tomar medidas”, enfatiza la legisladora, “acciones que lleven al sistema nacional de salud a proporcionarles a todas las mujeres mexicanas, especialmente a las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, la atención que merecen y que les garantiza la ley”.

tad.org.mx

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