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Propone PRD tipificar como delito la “violencia obstétrica”

En México, millones de mujeres, la gran mayoría pobres, sufren embarazos, partos y puerperios violentos, irrespetuosos y deshumanizados. A fin de prevenir, sancionar y erradicar las conductas que la configuran, el diputado Rafael Hernández Soriano plantea institucionalizar el término “violencia obstétrica”.


Iniciativa PRD; violencia obstétrica


El Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV) define la violencia obstétrica como el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, vejada, lastimada física y emocionalmente, y no ser respetada en sus decisiones. Es recurrente en los hospitales y se da en todas las esferas de la sociedad.

Se considera también violencia obstétrica alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo por medio del uso de técnicas que aceleren el nacimiento sin el consentimiento de la madre; igualmente, que se realice el parto vía cesárea, pese a existir condiciones para el parto natural; y la inadecuada atención a emergencias obstétricas.

La violencia contra la mujer implica también una violación a los derechos humanos. Convenciones, leyes y tratados internacionales, incluyendo Belém do pará, CEDAW, OMS, y en el caso de México la “Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, han tratado de erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo la violencia obstétrica.

A este respecto, el diputado Rafael Hernández Soriano explicó que su iniciativa de reforma trata de incluir el concepto de “violencia obstétrica” en una fracción del artículo 6 de la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, con objeto, en su caso, de obligar a la reparación integral del daño a las víctimas.

Casos de mujeres que tuvieron su parto en condiciones inapropiadas en Centros de Salud ponen a la vista un viejo problema que, en todo caso, gracias a nuevas tecnologías, se ha hecho más visible recientemente: la violencia obstétrica y la violación de derechos de las mujeres en los servicios de salud.

En este contexto, María Luisa Beltrán Reyes, diputada federal del PRD, dijo que en México las mujeres embarazadas están expuestas a sufrir algún tipo de violencia física y psicológica, relacionada con su proceso de embarazo, parto o puerperio, por parte de los cuerpos de salud que les corresponde atenderlas, tanto en lo médico como lo administrativo.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico reporta que el mayor número de quejas por mala práctica médica corresponde al área de ginecobstetricia. De 2000 a 2012 hubo 2,877 quejas concluidas, cifra que indica que estamos frente a un frecuente problema de violación de derechos de salud.

Por su parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomienda que los servicios de atención médica garanticen el libre acceso a servicios relacionados durante el embarazo, parto y puerperio, además de contar con servicios de maternidad gratuitos y sin riesgo, los cuales también deben de ser libres de discriminación racial y edad.

La violencia obstétrica se presenta sin importar raza, religión, edad, nivel socio-económico y educativo; es decir que todas las mujeres son vulnerables. En este aspecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado garantizar el acceso a la atención profesional durante el parto y el postparto, incluyendo servicios de obstetricia de emergencia, especialmente a grupos de mujeres en condiciones precarias.

La reciente tipificación de violencia obstétrica en seis entidades federativas del país, habla de la necesidad política y socialmente sentida de progresar en el conocimiento de este problema y en su erradicación.

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