Han pasado 25 años de este magnicidio y, pese a que la investigación no se ha cerrado, cada vez se ve más lejana la posibilidad de llegar a la verdad. A la fecha no hay un solo sentenciado y el único detenido, Jesús Alberto Bayardo Robles, nunca declaró ante un juez, actualmente está desaparecido.
Cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari ingresó a la Catedral Metropolitana de Guadalajara el 24 de abril de 1993, para presentar sus respetos ante el cuerpo del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un murmullo se apoderó de la iglesia.
En segundos, los susurros se convirtieron en gritos de “¡Justicia! ¡Justicia!”. Tras guardar un minuto de silencio Salinas de Gortari salió apresurado del templo.
Horas antes, el cardenal Posadas Ocampo había sido asesinado con 14 balazos a corta distancia. Su chofer, Pedro Pérez Hernández, recibió 11 más. Han pasado 25 años de esta exigencia de justicia y aún no conocemos a los verdaderos responsables de este crimen.
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Nunca en la historia de México había ocurrido un caso similar. Ni siquiera en los peores años de la persecución religiosa que derivó en la Guerra Cristera (1926-1929).
Del fuego cruzado a la ‘confusión inercial’
Aquel día las autoridades se apresuraron a decir que ambos murieron por estar en el lugar y el momento equivocados, pues fueron víctimas del fuego cruzado entre dos grupos de narcotraficantes. Esto fue desmentido casi inmediatamente por el dictamen del médico forense Mario Rivas Souza, quien advirtió que los disparos “fueron directísimos a su persona”.
José Antonio Ortega Sánchez, abogado de la Arquidiócesis de Guadalajara para este caso, recuerda lo absurdo de esta conclusión precipitada.
“Fueron cambiando las versiones. La primera que da -en una mentira totalmente inexplicable- fue la del fuego cruzado, en la que dice que el cardenal se atraviesa cuando se están balaceando los hermanos Arellano Félix con Joaquín “El Chapo” Guzmán; y resulta que esto no fue así”.
“Fue un operativo perfectamente ejecutado y diseñado justo cuando Posadas Ocampo se iba a bajar para ingresar el aeropuerto a recibir al nuncio apostólico, Girolamo Prigione. En ese momento se escuchan unos gritos: ‘ahí está, es él’. Los disparos fueron a menos de un metro”.
“Esa versión del fuego cruzado no resistió ni la declaración del doctor Rivas Souza ni los testimonios de los testigos, que hablaban de una ejecución”, recuerda Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien años después fue diputado local y secretario General de Gobierno, desde donde buscó justicia para Posadas Ocampo y su chofer.
Con el tiempo, ya bajo las órdenes de Jorge Madrazo y con Ernesto Zedillo en la Presidencia, la Procuraduría General de la República cambió la historia: ya no era fuego cruzado. El prelado y su chofer habían sido confundidos con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y un ayudante, versión que también es rechazada por ambos abogados.
“Después dijeron que era una confusión de vehículo, pues el cardenal tenía un Grand Marquis Blanco y ‘El Chapo’ también, como si fueran los dos únicos Grand Marquis blancos en la Ciudad de Guadalajara”, dice el exfuncionario jalisciense.
En 1998 la PGR creó un Grupo Interinstitucional para acompañar el caso que incluyó al gobierno de Jalisco y la Arquidiócesis de Guadalajara. Al finalizar las labores de este organismo -en agosto del año 2000- el gobierno federal terminó adoptando una nueva hipótesis de “confusión inercial”, derivada del enfrentamiento en el estacionamiento del Aeropuerto de Guadalajara.
El gobierno estatal y la Iglesia local defendieron siempre que se trató de una ejecución directa del prelado, a plena luz del día.
Monumento a la impunidad
Pese a que se han logrado acreditar numerosas inconsistencias, irregularidades y contradicciones en este caso, la PGR no ha avanzado más allá de la defensa de sus diferentes versiones.
Ya en el sexenio de Vicente Fox la investigación pareció tomar un nuevo impulso. No obstante, se detuvo abruptamente cuando fueron localizadas las bitácoras de un avión de la PGR adscrito al entonces procurador Carpizo, que llegó a Guadalajara una hora antes del crimen y partió de vuelta a la ciudad de México 30 minutos antes de concretarse el asesinato. Esa misma aeronave volvió a Guadalajara más tarde ese mismo día.
“A partir de que se descubrieron estas bitácoras, a los abogados de las víctimas se nos negaron las copias del expediente, contra la propia Constitución”, dice Guzmán.
Han pasado 25 años de este magnicidio y, pese a que la investigación no se ha cerrado, cada vez se ve más lejana la posibilidad de llegar a la verdad. A la fecha no hay un solo sentenciado y el único detenido, Jesús Alberto Bayardo Robles, nunca declaró ante un juez, actualmente está desaparecido y, con el tiempo, se supo que la prueba balística con la que supuestamente se demostraba su participación en el tiroteo de aquel 24 de mayo de 2993 era falsa.
Ambos abogados califican este caso como “un monumento a la impunidad”.
“La investigación está abierta, hay más de 100 tomos, pero, evidentemente, no se le ha dado el impulso para consignar y ejercitar acción penal en contra de los verdaderos responsables. En la averiguación previa hay varios señalados y no se ha proseguido para perfeccionar y complementar esas líneas de investigación”, dice Ortega Sánchez.
¿A quién perdonamos?
El sucesor de Posadas Ocampo, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, nunca quitó el dedo del renglón en su exigencia de justicia. Bajo el lema “¿A quién perdonamos?”, llamó insistentemente a las autoridades a continuar con las investigaciones.
Mira el video: El Cardenal Posadas es un mártir: Juan Sandoval
José Antonio Ortega y Fernando Guzmán han caminado de la mano de Sandoval Íñiguez en esta exigencia. Aunque no se sabe exactamente quiénes son los responsables del Caso Posadas, ambos coinciden en que las pruebas apuntan a un crimen de Estado.
De acuerdo con Ortega, “una de las principales hipótesis, de acuerdo con la averiguación previa, es por la información que tenía, que había recibido, de los vínculos de algunos políticos con el crimen organizado”.
Guzmán Pérez Peláez recuerda el testimonio de Ignacio Flores, amigo de la infancia del cardenal y uno de sus más fieles confidentes, quien aseguró que días antes de la ejecución Posadas Ocampo estuvo en una reunión en Los Pinos para reclamar la protección que desde el gobierno federal se daba a los cárteles de la droga; y que fue sacado con violencia de la residencia oficial.
“A 25 años tenemos que hoy el país está viviendo una gravísima crisis de violencia desbordada, con 24 sacerdotes asesinados en esta administración. México también es líder en asesinatos de periodistas y el problema de la inseguridad y la violencia no tiene límite. Yo pienso que, si se hubiese investigado y se hubiese llegado a la verdad en este caso, otra hubiera sido la historia de nuestro país”.
