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Modifica Senado substancialmente ley de protección a menores

El Senado de la República aprobó la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y las reformas a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, las cuales fueron enviadas a la Cámara de Diputados para su análisis y probable ratificación.


Primero la vida


Tras un prolongado debate, los 100 senadores asistentes a la sesión aprobaron por unanimidad el dictamen que sustancialmente fue modificado con el respaldo de todas las bancadas.

No obstante, el punto álgido se suscitó casi al final de la sesión, cuando el presidente de la Comisión de Familia, José María Martínez Martínez, del PAN, descalificó el contenido del dictamen por considerar que existe una clara tendencia a la promoción del aborto a favor de niñas y adolescentes.

Manifestó que entiende la lógica de actuación de varios de sus compañeros que intentan medir el pulso ciudadano en estos temas, pero advirtió que hay que hacerlo a nivel nacional, en todo caso, y no a través de la medición de una entidad federativa para toda la República.

Con esta ley se da paso al aborto infantil

En este sentido, dijo que con esta ley se pretende dar el primer paso para legalizar el aborto y la esterilización, al incorporar los derechos reproductivos de los niños y las niñas, “lo cual implica precisamente el dar un paso hacia el aborto”.

Recordó que en el Distrito Federal así se ha hecho, particularmente con lo que han dado por llamar el derecho a que la mujer decida libremente sobre su cuerpo. “Hoy parece ser que con el PRI habrán de acompañar un dictamen que promueva, que permita, que autoriza el aborto” subrayó.

Expuso que mientras el PRD continúe promoviendo leyes a favor del aborto, él continuará oponiéndose y denunciándolo ante la sociedad.

Las objeciones de Martínez Martínez se refirieron particularmente al contenido de los artículos 50 y 58 de la ley, por considerar que sienta las bases de una legislación abortista, razón por la cual acusó que hubo premura en la discusión de esta iniciativa, dada la importancia que reviste.

“A lo largo de la dictaminación hay una serie de consensos entre las diferentes fuerzas políticas que me parecen algunos atinados, pero esta reforma valida el aborto, porque se le otorgan derechos a los niños y las niñas a decidir”, argumentó desde la máxima tribuna.

Precisó que quienes promueven el aborto en el Distrito Federal se les ha dado por llamarlo derecho a decidir, “pero están incorporando los derechos reproductivos de los niños y las niñas, lo cual implica dar un paso hacia el aborto y esa es la doctrina que el PRD ha traído al Senado y hoy pretenden validar”.

En respuesta, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, negó que el aborto sea materia de esta ley y precisó que al hablar de derechos reproductivos no se está hablando de dicha figura, ni mucho menos de la cancelación del embarazo.

Agregó que no se puede ocultar una realidad porque no se quiere asumir la responsabilidad de que adolescentes cuenten con información certera, clara, oportuna y científica para que puedan decidir sobre el ejercicio de derecho a la sexualidad.

Alejandro Encinas Rodríguez entró al quite de su compañera de bancada y señaló que “traer a esta tribuna este tufo fundamentalista, fundado en una falsedad”, no ayuda a construir instrumentos para el desarrollo pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Cabe señalar que los artículos objetados por el senador panista (50 y 58), determinan que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, y entre otros aspectos tendrán derecho a acceder a los mecanismos de salud.

En el inciso XI del artículo 50 se determina que las autoridades deberán proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a niñas, niños y adolescentes así como a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

En el artículo 58 dice que las autoridades deberán promover la educación sexual integral, que contribuya al desarrollo de competencias que les permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

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