Últimas noticias:

CNDH: Gobierno de Puebla, responsable de muerte de menor

Con motivo del enfrentamiento registrado entre policías preventivos del estado de Puebla y los habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Ocoyucan, Puebla, el pasado 9 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal hizo uso excesivo de la fuerza, y que si bien no se usaron balas de goma, sí se utilizaron 930 granadas expansivas de gas lacrimógeno de dos calibres y una de ellas fue la que impactó en la cabeza de un menor de edad, causándole posteriormente la muerte.


No a la violencia infantil


Dos meses después de los hechos en los que resultó herido de muerte el niño José Luis Alberto Tehuatlie, la CNDH responsabilizó de la agresión al gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, y contrario a la versión oficial, determinó que el niño perdió la vida por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno y no de un cohetón.

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, presentó este jueves la Recomendación 2VG/2014, dirigida al gobernador Moreno Valle sobre la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos relacionada con los hechos de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.

El Ombudsman nacional señaló que como resultado de una exhaustiva investigación, la CNDH encontró que en estos acontecimientos, se cometieron violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ambas de Puebla.

Explicó que resultaron evidentes las transgresiones a los derechos a la vida y la libertad de reunión y, en consecuencia, a los derechos a la seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y trato digno; asimismo, al derecho a la verdad, a la información y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso del poder.

Todo ello en agravio de un niño de 13 años que perdió la vida, nueve personas que resultaron lesionadas, entre ellas, dos menores de edad, 49 elementos policiales que presentaron lesiones, cuatro ciudadanos que fueron detenidos y posteriormente liberados y otras personas más que por encontrarse en el lugar estuvieron en riesgo ante los actos de violencia.

Explicó que la Recomendación de más de 200 páginas, fue resultado de una profunda investigación que dio lugar a un expediente de 19 mil 738 fojas; para realizarla participó un equipo técnico multidisciplinario de la CNDH.

CNDH formula 11 recomendaciones

De esta manera, la CNDH formuló al Gobierno de Puebla once puntos recomendatorios, entre los que destacan: instruya para que inicien los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como del personal de dicha institución que participó en esos acontecimientos; y tomar las medidas necesarias para la creación de una Fiscalía Especial para la investigación de los hechos, designada bajo su más estricta responsabilidad, a efecto de que garantice de manera transparente, objetiva e imparcial un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares y los policías lesionados.

“La Creación de esa Fiscalía obedece a la impunidad que prevalece ante los abusos cometidos por los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de esa entidad federativa, y para que también investigue los delitos cometidos por diversos manifestantes”, precisó Raúl Plascencia.

Además, la CNDH recomienda también que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del estado que participaron ese día.

Señala que dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay expresiones de la sociedad demandando necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la Ley, gire instrucciones a quien corresponda para que se implementen mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos.

Se implemente una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza.

Disculpa institucional a víctimas y sus familias

Pide se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo y se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta Recomendación.

Proporcionar a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que participen, a fin de que se esté en condiciones de evaluar si su comportamiento se apegó a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Colaborar con la CNDH en el trámite de las quejas y denuncia de hechos, que promueva ante la Órgano Interno de Control de la SSP del Estado, el Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia de la entidad y la propia Procuraduría estatal, en contra de los servidores públicos involucrados.

Gobierno de Puebla acepta recomendaciones

Más tarde, al conocer el resultado del dictamen, el gobierno de Puebla aceptó todas las recomendaciones de la CNDH e indicó que nombró a José Antonio Pérez Bravo como fiscal especial para el caso Chalchihuapan, mientras que Juan Pablo Piña, jefe de la Oficina del Ejecutivo local, será el responsable de verificar que las recomendaciones hechas por la CNDH sean cumplidas por parte de las dependencias responsables.

El gobierno de Rafael Moreno Valle mencionó que aunque la versión de la CNDH sobre la lesión que causó la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie es diferente a la que presentó la PGJ local, el hecho mismo obliga a tomar las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos.

Asimismo, reiteró sus condolencias a la madre y familiares del menor y agregó que el lamentable acontecimiento obliga a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia de convivir en armonía y conducir las diferencias por la vía del diálogo y dentro del marco de la ley.

@agtz3003

@yoinfluyo

agutierrez@yoinfluyo.com


 

Lo más visto

Síguenos en nuestras redes sociales

Yoinfluyo Yoinfluyo Yoinfluyo Yoinfluyo

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar