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CNDH: Gobierno de Oaxaca no protegió a padres frente a SNTE

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, por no brindar protección a los habitantes del municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, durante la confrontación entre integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y padres de familia y docentes adscritos a la sección 59 de ese mismo sindicato que custodiaban la escuela primaria de la localidad con la finalidad de que se continuaran impartiendo clases a sus hijos.


Derechos de los Padres de Familia


Asimismo, debido a que la autoridad no tomó las medidas necesarias para evitar la afectación al derecho a la educación de los alumnos de ese plantel durante el paro de labores magisteriales del ciclo escolar 2013-2014.

Con esta, el gobierno de Oaxaca acumula ya siete recomendaciones de la CNDH en lo que va del año, cinco por la inadecuada prestación de servicios de salud y dos relacionadas con el conflicto magisterial en la entidad.

El organismo autónomo de derechos humanos indicó que el 28 de noviembre de 2013, integrantes de la Sección 22 del SNTE se enfrentaron con docentes adscritos a la sección 59 de la misma organización sindical y padres de familia que se mantenían de guardia en la escuela primaria para que esta última continuará impartiendo clases, resultando varias personas lesionadas, entre ellas un niño de 17 años, quien fue herido por un arma de fuego.

Por ello, la CNDH inició de oficio el expediente de queja correspondiente y ejerció la facultad de atracción respecto de los expedientes que se tramitaban en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Cabe destacar que el 12 de septiembre de 2013, más de dos meses antes del enfrentamiento, se había solicitado al secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, por parte del personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, vigilar las instalaciones de la escuela primaria, debido a que existía una amenaza de enfrentamiento entre padres de familia de dicho centro escolar y los profesores adscritos a la sección 22, y de igual forma, días previos al referido evento los docentes de la referida sección habían anunciado que “recuperarían” las instalaciones del citado centro escolar.

Aunado a lo anterior, en el enfrentamiento del 28 de noviembre de 2013, en el que intervinieron aproximadamente 800 profesores adscritos a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y 150 personas que se encontraban resguardando la escuela primaria, entre padres de familia de alumnos de la escuela y profesores adscritos a la sección 59 del SNTE, esto es, alrededor de 950 personas, intervinieron únicamente 353 elementos de seguridad que fueron superados en número.

No obstante que los elementos de seguridad que acudieron a resguardar la escuela y se intentó persuadir a los grupos que estaban enfrentándose para que desistieran de las actitudes violentas, la coordinación entre las fuerzas policiales, así como la organización e intervención de las mismas fue inadecuada, aunado a que el número de personal policial fue insuficiente, lo que tuvo como consecuencia que vecinos, transeúntes, padres de familia, maestros e incluso elementos policiales resultaran afectados en su seguridad personal y en inmuebles de su propiedad.

La CNDH mencionó que la causa inicial del conflicto expuesto se debe a la problemática que ocurrió en diversos centros escolares del estado de Oaxaca, cuyos docentes son miembros de la sección 22 del SNTE, entre ellos la escuela primaria de la citada localidad, ello debido al paro indefinido de labores docentes como protesta en contra de las reformas educativas.

En este sentido, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, así como al titular del Poder Ejecutivo del estado, omitieron garantizar el derecho a la educación a los alumnos de la escuela, y por no haber adoptado medidas para asegurar que las niñas y los niños de dicho municipio tuvieran acceso a los servicios educativos durante el paro magisterial llevado a cabo por la sección 22 del SNTE el año pasado.

Por ello, en su Recomendación 40/2014, la CNDH pidió al gobierno de Oaxaca se proceda a la reparación de los daños ocasionados a las víctimas, en la que se incluya la indemnización respectiva y la atención médica por el tiempo que sea necesario, además que se realice un programa de identificación de las víctimas indirectas, con el objetivo de que les sea reparado el daño por los hechos motivo de la recomendación y a quién así lo solicite le sea otorgada la atención médica y psicológica requerida.

Por otro lado, se solicitó su colaboración con este organismo nacional en el trámite de la queja que este organismo presente en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; y en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que formule ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, por tratarse de servidores públicos estatales los involucrados.

Asimismo, que los servidores públicos del gobierno estatal de Oaxaca tomen las medidas preventivas y de reacción suficientes ante inminentes actos de violencia que pueden poner en riesgo la seguridad y desarrollo de los habitantes del estado de Oaxaca, tales como la planeación los operativos necesarios para proteger los derechos de terceros y la elaboración de los procedimientos sistemáticos de operación de seguridad pública, en los que se vele de forma especial por los niños.

Por último, se les requirió se establezca un programa de regularización de las clases que hayan otorgado profesores miembros de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, durante el período que comprendió el paro de labores magisteriales, del ciclo escolar 2013-2014, a efecto de que se otorgue a los alumnos el reconocimiento oficial de los estudios que, en su caso, hayan cursado; así como que se implementen estrategias para prevenir y evitar que los alumnos de educación básica en el estado de Oaxaca sean privados del servicio público educativo, en caso de que una situación similar ocurra en lo futuro y la impartición de un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos y sobre la protección del derecho a la educación y en especial del interés superior de la niñez a los servidores públicos del Instituto Estatal de Educación del Pueblo de Oaxaca.

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