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Discute ya Senado iniciativa preferente de protección a menores

Al iniciar las audiencias públicas para el análisis de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la senadora Adriana Dávila Fernández, del PAN, advirtió que es necesario cuidar que las políticas públicas beneficien realmente a estos grupos de la población, que no sea sólo un discurso y que los derechos de los menores sean una realidad y no se queden en letra muerta.


Primero el bien a los niños


Destacó que en un tema tan noble no caben ni la envidia ni el oportunismo político, por lo que confió en que las sesiones permitan enriquecer la iniciativa de ley preferente del Ejecutivo Federal.

Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, afirmó que las condiciones de los niños en México son preocupantes y la pobreza es un factor determinante para inhibir sus derechos fundamentales.

Recordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que en México hay más de 10 millones de niños en pobreza alimentaria y sus condiciones de salud son lamentables.

En tanto, la senadora María Elena Barrera Tapia, del PVEM, lamentó que en el país haya niños “de primera, de segunda y de tercera”, pues hay quienes tienen seguridad social, otros que tienen seguro popular y otros que no tienen acceso a los servicios de salud, por lo que esta propuesta es una oportunidad para transformar esta situación.

De esta manera, las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; para la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado, comenzaron ayer los trabajos de dictaminación de la iniciativa preferente en materia de protección de la niñez.

A esta primera sesión acudió el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, quien precisó que la propuesta de ley no tiene un principio asistencialista, sino que se vincula a los principios constitucionales de los derechos humanos, de interdependencia, universalidad, invisibilidad y progresividad.

Al explicar el contenido de la iniciativa preferente, el funcionario dijo que el proyecto se construyó a partir del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer las bases de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, así como las diversas propuestas que senadores han presentado en esta materia.

Refirió que se crearán diversas instituciones, como la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, además de obligar a estados y municipios a ser congruentes con los contenidos de esta ley.

Otro de los objetivos, agregó, es homologar los derechos de este sector de la población en todo el país, regular los centros de asistencia social, crear un registro nacional sobre niños que se encuentran en albergues, establecer las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o custodia y las disposiciones en materia de protección de derechos de menores con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, contiene protocolos de actuación contra la violencia escolar, sanciones de índole económica cuando este tipo de acoso genere alguna consecuencia por omisión.

En cuanto a los niños migrantes no acompañados, el consejero jurídico de Presidencia dijo que la propuesta obliga a la autoridad migratoria a que estos menores se encuentren en espacios dignos, se les proporcione comida tres veces al día y se haga la notificación consular a su país de origen, así como se dé parte a los sistema de protección de menores sobre su situación.

Ante ello, el senador Daniel Amador Gaxiola, del PRI, preguntó al funcionario sobre las condiciones presupuestales que se deben establecer en la ley para proteger a los menores que se encuentran en situación de calle, huérfanos, migrantes no acompañados, abandonados o quienes decidieron salir de sus hogares, lo cual se ha convertido en un problema social, especialmente en las zonas urbanas.

En tanto, la senadora Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, destacó la importancia de involucrar a los padres para evitar que los menores salgan a las calles para trabajar y aportar recursos económicos a sus hogares, así como la necesidad de conciliar diferencias de los menores de las zonas urbanas, rurales e indígenas.

Al dar respuesta, Castillejos Cervantes indicó que la Cámara de Diputados deberá, en caso de que se apruebe la ley, establecer el presupuesto para la creación de unidades administrativas.

Asimismo, explicó que la iniciativa busca lograr una atención integral y adecuada de los derechos de los menores, pues se trata del piso mínimo de la normativa y política pública a través de un espacio de comunicación de los órdenes de gobierno para generar acciones de prevención y protección a los niños, niñas y adolescentes, a fin de evitar, entre otros problemas, la deserción escolar.

Dijo que la ley establece obligaciones a los padres de familia, a quienes ejercen la tutela o la patria potestad o en su caso el Estado. En el caso de los niños migrantes no acompañados, la ley busca comunicar al Estado esta situación para que entre la protección consular, estancia por razones humanitarias, solicitud de asilo o refugio.

Al término de la reunión, las comisiones se declararon en sesión permanente para continuar con las audiencias este miércoles.

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