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¿Dónde está tu hermano?: Trato humanitario a migrantes (3)

Avanzando en el trato humanitario de migrantes y transmigrantes

El reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos en los procesos migratorios han tenido algunos avances relevantes en los últimos años. En parte, los cambios discursivos, legislativos y de política pública que se han generado en México son respuesta al retorno de más de dos millones de compatriotas en los últimos cinco años; a que esto no ha disminuido la aceptación social de la migración a Estados Unidos, que se sigue viendo como una manera de escapar a la pobreza; al aumento del número de personas de Centro y Sudamérica que transitan a través de nuestro territorio para intentar cruzar la frontera Norte; y a los mayores peligros, que especialmente éstos últimos deben enfrentar, dada la mayor actividad de las bandas del crimen organizado.


Un tema que sigue pendiente en la agenda


Una política verdaderamente regional en la materia debería promover la organización de encuentros, al más alto nivel posible, entre funcionarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresarios y académicos, para discutir la viabilidad de algunas políticas coordinadas. Entre éstas se podrían encontrar la definición de responsabilidades de los diferentes países y sus respectivas agencias gubernamentales; la distribución de la respectiva carga financiera; la coordinación entre las diferentes policías y agencias a cargo del cuidado de los migrantes; la restricción y mejor control de la venta de armas; la mejora de algunas categorías de protección internacional, especialmente a niños migrantes no acompañados y a solicitantes de refugio por razones humanitarias; y la implementación de la repatriación forzada sólo en casos de emergencia.

En este sentido, la reforma migratoria de México realizada durante 2011 es un avance relevante, pues define que los derechos humanos y la unidad familiar son ejes rectores de la política migratoria del país, junto con el desarrollo y la preservación de la soberanía y seguridad nacionales. La reforma migratoria complementa la reforma en materia de derechos humanos, también de 2011, que elevó a rango constitucional el derecho a solicitar asilo o refugio por motivos de orden político o humanitario, respectivamente (artículo 11). La Ley de Migración reconoce que cada persona, independientemente de su situación migratoria, tiene derecho a la salud, la educación, la justicia y el registro civil, entre otros.

La reciente Declaración conjunta de los Obispos de Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala y Honduras sobre la crisis de los niños migrantes ha evaluado en términos positivos la implementación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y la creación de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, que están diseñados para facilitar la internación segura de personas y bienes. Esta misma Declaración sugiere algunas estrategias que de manera conjunta pueden mejorar la situación de los migrantes y transmigrantes:

“Los obispos, sus servidores, reiteramos la urgencia de respetar la dignidad humana de los migrantes indocumentados; fortalecer las instituciones gubernamentales para que sean auténticamente democráticas, participativas y al servicio del pueblo; combatir con firmeza la reprobable actividad de los grupos delictivos y del crimen organizado, cuya inhumana acción condenamos enérgicamente; garantizar la seguridad de los ciudadanos; e invertir en Centroamérica. En este sentido, hacemos un llamado a los empresarios, especialmente católicos, a que inviertan y contribuyan a promover la justicia y la equidad. Exhortamos a los padres de familia a no exponer a sus hijos a emprender el peligroso viaje hacia México y Estados Unidos. Y pedimos a la sociedad en general asumir el papel que le corresponde en este doloroso problema”.

Las propuestas de esta Declaración han sigo guiadas por la Doctrina Social de la Iglesia, la cual propone cinco principios-guía para orientar nuestra visión acerca de las problemáticas vinculadas a la movilidad humana. Éstos son mencionados en la carta pastoral de los obispos católicos de Estados Unidos y México, “Juntos en el camino de la esperanza: Ya no somos extranjeros”, publicada en 2003:

“Las personas tienen el derecho de encontrar oportunidades en su tierra natal: Toda persona tiene el derecho de encontrar en su propio país oportunidades económicas, políticas y sociales, que le permitan alcanzar una vida digna y plena mediante el uso de sus dones. Es en este contexto cuando un trabajo que proporcione un salario justo, suficiente para vivir, constituye una necesidad básica de todo ser humano.

“Las personas tienen el derecho de emigrar para mantenerse a sí mismas y a sus familias: La Iglesia reconoce que todos los bienes de la tierra pertenecen a todos los pueblos. Por lo tanto, cuando una persona no consiga encontrar un empleo que le permita obtener la manutención propia y de su familia en su país de origen, ésta tiene el derecho de buscar trabajo fuera de él para lograr sobrevivir. Los Estados soberanos deben buscar formas de adaptarse a este derecho.

“Los Estados soberanos poseen el derecho de controlar sus fronteras: La Iglesia reconoce que todo Estado soberano posee el derecho de salvaguardar su territorio; sin embargo, rechaza que tal derecho se ejerza sólo con el objetivo de adquirir mayor riqueza. Las naciones cuyo poderío económico sea mayor, y tengan la capacidad de proteger y alimentar a sus habitantes, cuentan con una obligación mayor de adaptarse a los flujos migratorios.

“Debe protegerse a quienes busquen refugio y asilo: La comunidad global debe proteger a quienes huyen de la guerra y la persecución. Lo anterior requiere, como mínimo, que los migrantes cuenten con el derecho de solicitar la calidad de refugiado o asilado sin permanecer detenidos, y que dicha solicitud sea plenamente considerada por la autoridad competente.

“Deben respetarse la dignidad y los derechos humanos de los migrantes indocumentados: Independientemente de su situación legal, los migrantes, como toda persona, poseen una dignidad humana intrínseca que debe ser respetada. Es común que sean sujetos a leyes punitivas y al maltrato por parte de las autoridades, tanto en países de origen como de tránsito y destino. Es necesaria la adopción de políticas gubernamentales que respeten los derechos humanos básicos de los migrantes indocumentados”.

Por estas razones, es evidente que, por buenos que sean, los cambios legales y las políticas públicas siempre serán insuficientes para resolver las problemáticas relativas a la movilidad humana. La solución del problema migratorio requiere “una conversión cultural y social en profundidad que permita pasar de la cultura de la cerrazón a una cultura de la acogida y el encuentro”.

En este contexto, como nos dice el Cardenal Parolin:

“La Iglesia siempre ha sido y será una leal colaboradora. Cuenta con un acervo moral y religioso basado en una tradición con dos mil años de antigüedad. Su implantación en algunos países como México, es vasta y reconocida. Por definición, es católica, es decir, universal, transnacional. Su mensaje no se agota en la vida privada de los fieles, sino que buscando su conversión, se expande y alcanza los caminos de la cultura y de la justicia social puesto que no es posible definirse cristiano y vivir de espaldas a la justicia y fraternidad, también con los no creyentes. Dicho de otra manera, sería injusto y radicalmente falso considerar a la fe cristiana como un obstáculo para desarrollo”.

Obispo de Querétaro

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