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Apelarán a la CIDH fallo de SCJN que vulnera privacidad de mexicanos

¿Te imaginas que alguien sepa a dónde vas, a quién le llamas, tu estado de salud, tus intereses políticos, tu religión, tus fobias? Esto es un acto legal gracias a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –en vigor desde 2014– que obliga a las empresas de telefonía a guardar los datos generados en los teléfonos celulares de los usuarios hasta por dos años.


México; SCJN, privacidad


La semana pasada la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no viola ni transgrede los derechos humanos a la intimidad, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la protección de datos personales, libertad de expresión y seguridad jurídica.

Por unanimidad de votos, los ministros que componen la sala negaron el amparo interpuesto por R3D: Red en Defensa de Derechos Digitales, en representación de periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y otras organizaciones, en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), los cuales obligan a la conservación masiva e indiscriminada de datos de comunicaciones y permiten la vigilancia sin controles.

Con esta decisión, la Segunda Sala permite que la LFTR obligue a las empresas de telecomunicaciones a conservar, por un lapso de dos años, un registro del origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones, así como la localización geográfica de los dispositivos de los usuarios durante el periodo de referencia.

De acuerdo con el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, las instancias de seguridad y procuración de justicia pueden solicitar el registro y control de las telecomunicaciones de un usuario, con lo que podrán identificar con precisión el nombre, razón social y domicilio del suscriptor. Además, la ley permite que el gobierno conozca el tipo de comunicación del usuario (correo electrónico, llamadas, servicio de mensajería, multimedia, entre otros).

Los datos conservados, conocidos como “metadatos de comunicaciones”, pueden revelar cuestiones sensibles como las preferencias políticas, religiosas o sexuales; el estado de salud; las amistades y relaciones personales; y en general, develar información privada de todas las personas, al asumirlas como sospechosas sin distinción.

Por estos motivos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó en 2014 una disposición de retención de datos similar tras considerarla desproporcionada y contraria al derecho a la privacidad. Asimismo, diversos organismos internacionales han advertido de la incompatibilidad de la retención de metadatos con los estándares internacionales de derechos humanos por representar un grave riesgo, dada la vulnerabilidad de las bases de datos.

En los próximos meses R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales interpondrá una demanda contra el Estado Mexicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para revertir el atentado contra la privacidad y la seguridad de los mexicanos.

A un mes de interponer el amparo, Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red de Defensa de los Derechos Digitales, declaró en entrevista para Yo Influyo que la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene varias aristas.

“Por un lado, la sentencia es negativa; tiene aspectos muy preocupantes. Uno de ellos es que para la Segunda Sala de la Suprema Corte no existe ningún problema con que se obligue a las empresas a mantener por dos años unas bases de datos gigantescas con datos de usuarios de telecomunicaciones como los números telefónicos de origen y destino de las conversaciones, la fecha, hora y duración de las comunicaciones, los datos de identificación del usuario, del teléfono, del chip e incluso la localización geográfica del teléfono durante dos años respecto de todos los usuarios de telecomunicaciones”, advierte.

Asimismo, Luis Fernando García recalcó que “para nosotros y para muchas cortes alrededor del mundo, estas obligaciones de retención masiva e indiscriminada de datos son contrarias al derecho de privacidad, porque, entre muchas otras cosas, ponen en riesgo de manera innecesaria datos de usuarios que la inmensa mayoría de esos datos  jamás van a ser útiles o necesarios para ningún tipo de investigación, sólo van a estar ahí siendo conservados”.

“Existen también aspectos positivos. Por ejemplo, la ley no es clara respecto a qué autoridades son las que pueden acceder a los metadatos conservados y también la corte señala que se necesita una autorización judicial para acceder a estos datos, algo que tampoco quedaba claro de la lectura de la ley“, expresó.

“Sin embargo existe la contradicción muy clara: Si bien por un lado se exige autorización judicial para acceder a los metadatos de comunicación, incluyendo la localización geográfica por dos años, no requiere una autorización judicial para hacer un monitoreo continuo en tiempo real de esa localización, lo cual para nosotros es absurdo”, explicó.

“Nosotros creemos que esta decisión pone en grave riesgo la seguridad y la privacidad y seguridad de las personas; y ante esta decisión, vamos a interponer recursos ante instancias internacionales. Seguramente tomará un poco de tiempo, pero estamos confiados en que estas instancias internacionales van a reconocer que estas normas son violatorias del derecho a la privacidad y ordenará al Estado Mexicano cambiarlas. Cabe señalar que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, por lo que, de ser exitoso el litigio internacional que estamos por comenzar, México tendría que cumplir, no podrían evadirse, inclusive la Suprema Corte lo ha señalado de esa manera”; finalizó García.

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