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Diputados “atoran” en el Congreso combate a trata de personas

Al conmemorarse el Día Mundial contra la Trata de Personas, México sigue atorado en la definición de una Ley en la materia que permita combatir eficazmente ese flagelo que día a día consume la vida de cientos de infantes, adolescentes y adultos.


México; Trata de personas


 

Es así como las diferencias contenidas en la minuta para reformar la Ley Contra la Trata de Personas, enviadas por la Cámara de Diputados al Senado de la República, obstruyen el combate efectivo de este delito en el país.

Actualmente existe una confusión porque los tipos penales no están definidos, se castigan los delitos en materia de trata de personas, pero no la trata en sí, destacaron legisladores y representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de asociaciones civiles.

Desacuerdo con el dictamen de la Cámara de Diputados

Al participar en el foro “Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas”, la senadora Adriana Dávila Fernández (PAN), presidenta de la Comisión en Contra de la Trata de Personas, refirió que en el Senado no están en posibilidades de aceptar el tipo penal que propone la iniciativa de la Cámara de Diputados, porque sanciona la explotación y castigar ese delito no es una facultad del Congreso de la Unión.

Señaló que se busca penalizar la tentativa de la trata de personas, es decir: el enganche, el traslado, la captación, la recepción y entrega, a través del uso del engaño, la fuerza, la seducción o abuso de vulnerabilidad, con el fin de explotar a otra persona.

Expuso que en días recientes se presentó ante la Comisión Intersecretarial el diagnóstico de la Naciones Unidas sobre trata de personas, el cual “valida el trabajo que el Senado ha hecho, y no porque lo diga textualmente, sino porque señala justamente las deficiencias concretamente en los tipos penales que la ley actual tiene y señala también la falta de certeza jurídica que puede ocasionar esto para castigar el delito”.

Consideró que es fundamental lo diga una voz autorizada como la ONU, “pues hace hincapié en que el trabajo que hemos venido haciendo en coordinación todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República ha sido sumamente responsable”.

La legisladora por Tlaxcala –principal organizadora y promotora del evento-, sostuvo que es una gran responsabilidad que en los próximos meses se pueda concluir por fin el proceso legislativo que ha mantenido en la incertidumbre las discusiones durante mucho tiempo, “pero creo que si logramos que este instrumento jurídico sea más eficiente, y que esto evite que haya más delitos en la materia y que todos los delincuentes estén en la cárcel, por supuesto que habrá valido la pena este tiempo de espera, de análisis y de discusión”.

Crimen de la humanidad

En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, dio a conocer que la trata de personas es uno de los grandes crímenes de la humanidad, ya que las personas igual son explotadas sexualmente que mantenidas en estado de servidumbre o esclavitud en fábricas, o capturadas para formar parte de la delincuencia organizada.

“Quienes padecen de este flagelo son obligados a realizar trabajos como sicarios o en la producción, transporte y venta de drogas, y son utilizados para el tráfico de órganos y embarazos forzados”, puntualizó, al inaugurar el foro en la Cámara Alta.

El legislador por Aguascalientes citó dos casos ocurridos en mayo de este año: en el primero desaparecieron en Chilapa, Guerrero, 30 individuos, al parecer levantados por narcotraficantes; y, en el segundo caso, 11 pescadores sinaloenses quienes pretendían llegar a Sonora para trabajar en campos de producción de uvas. “No son casos aislados. Asuntos como éstos se repiten en cada uno de los estados y se pierden ante la indiferencia de las estadísticas”, lamentó.

Recalcó que México es punto de origen, tránsito y destino de la trata de personas a lo largo y ancho de todo el continente y que la trata es el segundo delito en importancia económica luego del tráfico de drogas.

Modificaciones no son por capricho

Por su parte, la senadora Angélica de la Peña (PRD), dijo que no es por capricho que el Senado pretenda modificar la Ley Contra la Trata de Personas, sino para que el tipo penal quede incluido y se pueda aplicar como una legislación única en todo el país.

Puntualizó que también se debe especificar que el actor activo del delito debe responder por cada una de las víctimas, lo cual no se aplica con la ley actual. Además, falta incorporar delitos como: servicio forzado, embarazo forzado o extracción de órganos, entre otros.

Nelly Montealegre, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, cuestionó cuáles son las opciones que se le ofrecen a las víctimas de la trata de personas, una vez que fueron rescatadas; y determinó que aún falta generar más programas de atención.

Mercedes Peláez, directora general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Segob, comentó que no se trata sólo de proteger y sanar a las víctimas físicamente, sino también psicológicamente.

Por su parte, Yuriria Álvarez, directora del programa Contra la Trata de Personas de la CNDH, explicó que aún hay divergencias en la definición del delito de trata de personas entre los servidores públicos, razón por la cual consideró que la única manera de combatir este delito es mediante la prevención y el autocuidado, pero no a través de campañas, sino desde el origen y las necesidades de las comunidades.

Iliana Ruvalcaba, de la Asociación Pozo de Vida, comentó que la ley es perfectible y las modificaciones que se pretenden en el Congreso de la Unión se deben orientar hacia la reinserción social de las víctimas.

En su participación, Teresa Ulloa, de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dijo que a las víctimas no se les debe criminalizar ni maltratar, porque muchas veces sucede así en las procuradurías de justicia. Además, llamó a no perpetuar estereotipos.

 

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