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Sin presupuesto, Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes

A siete meses de su promulgación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mantiene muchos pendientes en proceso, entre ellos la armonización de toda la legislación federal, la armonización de todas las leyes locales en la materia, pero sobre todo en el ámbito presupuestal, indicó el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación.


Derechos Humanos


De hecho, anticipó que el ajuste presupuestal que se prevé para el próximo año no debería afectar las etapas de consolidación de la referida legislación.

“Nosotros creemos que el gasto sustantivo que significa aspectos como educación, como salud o todo el desdoblamiento de los 20 derechos de niñas, niños y adolescentes no son sacrificables, porque estaríamos hablando de prácticamente el 45 por ciento de la población, y éstos necesitan una garantía de que sus derechos estén debidamente respetados, por lo tanto, habrá que revisar con mucha acuciosidad, con mucha prudencia y sentido integral dónde es donde pudiera eventualmente haber un ajuste presupuestal”, expuso.

Derechos de la infancia no deben ser sacrificables en el presupuesto

El senador del PAN sostuvo que los derechos de niñas, niños y adolescentes no son negociables, de ahí que el gasto sustantivo en la materia no debe de ser sacrificable.

Cabe recordar que la semana pasada se realizó en el Senado de la República el “Conversatorio Sistemas Nacionales de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia”, con la participación de legisladores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de países latinoamericanos, para analizar el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ahí quedó de manifiesto que si la Federación no asigna los recursos para la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ésta no podrá cumplir con los objetivos establecidos, lo que demostrará la falta de compromiso del gobierno federal con la infancia.

Por ello, Romero Hicks aseveró que estarán atentos a que se asigne el presupuesto necesario para que la referida Ley pueda cumplir con los objetivos establecidos, ya que es primordial garantizar los recursos que permitan su funcionamiento.

En este sentido, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, comentó que se requiere asegurar que el Presupuesto de Egresos “ponga en funcionamiento” este nuevo instrumento jurídico.

La legisladora del PRD refirió que en la actualidad más de un millón de niños y niñas se encuentran en centros de detención en diversos países; un millón 200 mil son víctimas de trata; 300 mil son reclutados por grupos armados y gubernamentales; además 6 millones 600 mil menores de cinco años han muerto por causas prevenibles; esta realidad, agregó, no es ajena a las naciones de América Latina.

En tanto, Elva Leonor Cárdenas Miranda, representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se pronunció por instrumentar inmediatamente la Ley y buscar su enriquecimiento con las experiencias positivas de otros países.

A nombre de la representación de Unicef en México, Alison Sutton señaló que con la promulgación de esta Ley, México tiene la oportunidad de estructurar un nuevo sistema de protección integral de los derechos de los infantes y adolescentes.

Contexto

El año pasado, el 1 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto turnó al Senado de la República con carácter de trámite preferente la iniciativa de Ley. De manera inédita esto fue turnado a seis comisiones unidas del Senado de la República.

De los 141 artículos propuestos por el Ejecutivo Federal, 106 fueron modificados, y las comisiones dictaminadoras agregaron 13 artículos más, modificándose así cerca del 90 por ciento del proyecto original.

El resultado fue una ley con un enfoque garantista, cambiando el paradigma asistencialista que se observaba en la iniciativa preferente. Regresó a la Cámara de los Diputados, le hicieron unas modificaciones y el 8 de noviembre fue aprobada por el Senado. El 4 de diciembre, el presidente Peña Nieto la promulgó y al día siguiente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, para su vigencia inmediata.

El proceso legislativo de esta Ley se enmarcó en uno de los debates más intensos, sobre todo en la Cámara de Diputados, al pretender involucrar en su contenido una serie de polémicos y supuestos derechos sexuales y reproductivos.

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