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Migración infantil, un desafío en derechos humanos

La migración infantil y adolescente nuestro país y la que transita de Centroamérica hacia los Estados Unidos se ha convertido en un desafío urgente en materia de derechos humanos que involucra directamente a Honduras, El Salvador, Guatemala y México.


Migración infantil


Y es que en el llamado corredor de América Central-México-Estados Unidos, el número de niños migrantes se ha multiplicado casi por diez en los últimos años.

En México, mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración (INM) deporta a más del 85 por ciento de los niños y los adolescentes migrantes no acompañados de América Central.

Ante este complejo dilema, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó un  punto de acuerdo para exhortar al INM a presentar un informe detallado sobre el número exacto de niñas, niños y adolescentes migrantes -mexicanos y extranjeros- que han sido deportados en los últimos diez años.

“Los niños y los adolescentes afectados por la migración representan un desafío urgente de derechos humanos, desarrollo humano, de refugiados y humanitario. El problema radica en los países de origen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia; experimentar violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos; sufrir exclusión social; y verse privado de educación, oportunidades de empleo, servicios médicos e incluso alimentos. Estas condiciones fuerzan a los niños y a sus padres a migrar”, argumentó el legislador.

Política de castigo y disuasión, en lugar de protección

Expuso que los desafíos continúan durante el tránsito, especialmente en México, donde los actores gubernamentales y los carteles criminales acechan a los niños y sus familias con violaciones, secuestros, extorsiones o palizas, y donde las instituciones de gobierno aplican políticas de control migratorio destinadas a castigar y disuadir la migración, en lugar de proteger a los niños y respetar sus derechos humanos.

Martínez Martínez detalló que el problema se mantiene en los países de destino de México y Estados Unidos, donde las políticas centradas en el control de la migración cobran prioridad sobre el interés superior y los derechos de los niños, lo que genera con demasiada frecuencia la repatriación de niños y adolescentes de regreso a las mismas condiciones de las que huyeron.

“Los derechos de los niños a la familia y el desarrollo se ven vulnerados cuando los padres en situación irregular no pueden obtener la residencia en conexión con la situación migratoria regular de sus hijos, no tienen derecho a trabajar ni otros derechos fundamentales, y pueden ser deportados sin que se tenga en cuenta el interés superior del niño. Finalmente, se cierra el círculo de violación de derechos en los países de origen de los niños después de su regreso, ya que las causas fundamentales que les obligaron a migrar de su país de origen, exclusión social, pobreza y separación de la familia, permanecen inalteradas”, argumentó.

El senador del PAN precisó que en el caso de México, los niños y los adolescentes que migran a Estados Unidos frecuentemente es con la idea de reunirse con sus familiares, en busca de oportunidades para desarrollarse y, cada vez más, huyendo de la violencia y la amenaza de violencia.

No se les brinda la protección adecuada

Puso de relieve que el INM y los consulados mexicanos han firmado numerosos acuerdos bilaterales con Estados Unidos respecto a la repatriación de ciudadanos mexicanos, en los que sin embargo, la repatriación de “migrantes vulnerables”, como los niños y los adolescentes no acompañados, se concentran en la logística de las devoluciones, en lugar de la protección, el bienestar y los derechos de los niños y los adolescentes.

En tanto, los funcionarios consulares mexicanos adscritos al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que trabajan a lo largo de la frontera han empezado recientemente a entrevistar a los niños y los adolescentes no acompañados, con el objetivo de garantizar que no sean devueltos a una situación peligrosa, por lo que adoptan temporalmente su custodia y examinan sus casos para determinar si deben regresar con sus familiares. “En el proceso de determinación del DIF participan trabajadores sociales y médicos, pero no se examinan los hogares antes de reunir a niños y adolescentes con familiares, y no se les ofrecen servicios de seguimiento”.

Estos niños y adolescentes permanecen en albergues (estatales o privados), a la espera de ser reclamados por familiares, quienes tienen que mostrar documentos de identidad para poder sacarlos, pero sin ningún control adicional.

Incluso, algunos niños y adolescentes mexicanos salen “voluntariamente” de los albergues, sin que ningún adulto los reclame. Algunos de estos niños y adolescentes intentan volver a cruzar la frontera, y algunos caen víctimas de organizaciones de tráfico de personas o drogas. No existen programas para promover la reintegración sostenible de los niños y los adolescentes en sus comunidades.

El caso es que el DIF “no ofrece capacitación profesional, asistencia financiera, servicios de salud mental ni orientación psicológica para los niños y sus familias”.

De acuerdo a un reciente informe sobre migración infantil y adolescente (del que a partir de la próxima semana, yoinfluyo.com dará a conocer los pormenores), México no ha acatado las reformas de 2011 de la Ley de Migración, entre ellas, el requisito de desarrollar un procedimiento para realizar determinaciones del interés superior de los niños y los adolescentes migrantes antes de repatriarlos. En cambio, su principal respuesta a los niños y los adolescentes migrantes es detenerlos y deportarlos.

“Este dilema humano complejo y con múltiples características requiere atención urgente y un cambio paradigmático fundamental. Se requiere revisar a fondo la situación de los niños migrantes mexicanos y extranjeros, por lo que se requiere a la autoridad a conocer el número de menores que han sido deportados en los últimos años, los estados de origen, las causas que los orillaron a la migración y el manejo que se hace de los menores al regresar a territorio mexicano”, recalcó el senador José María Martínez en su exposición de motivos.

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