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Asesinato de migrantes en EU; sólo “enérgicas condenas” de México

Insuficientes han resultado hasta ahora las “enérgicas condenas” y rechazos del gobierno mexicano y las cámaras de Senadores y Diputados al artero asesinato de Antonio Zambrano Montes, el migrante mexicano que hace tres semanas fue abatido en plena calle por policías del condado de Pasco, en Washington, ya que el caso sigue a la deriva y su cuerpo no ha podido ser repatriado por sus familiares, además de que días después fueron asesinados otros dos connacionales (en Texas y California) de la misma manera.


Justicia para migrantes


Es así como, en sólo 17 días, tres migrantes mexicanos han sido asesinados arteramente en Estados Unidos por policías de los estados de Washington, Texas y California, casos que no deben verse de manera aislada, dada la reiteración con la que se han suscitado.

Motivados, tal vez, por la crudeza con que se mostró el asesinato de Zambrano Montes, el 17 de febrero las cámaras de Senadores y Diputados denostaron el crimen y exigieron la enérgica intervención de la Cancillería.

No obstante, los días 20 y 27 de febrero se registraron otros dos casos del uso excesivo de la fuerza letal hacia otros dos migrantes mexicanos.

En el primer caso, Rubén García Villalpando, de 31 años de edad, oriundo del estado de Durango, falleció el viernes 20 de febrero a causa de disparos realizados por un oficial de la policía de la ciudad de Grapevine, condado de Tarrant, Texas, Estados Unidos.

La semana pasada (viernes 27 de febrero), el mexicano Ernesto Javier Canepa Díaz, de 28 años de edad, fue muerto por disparos de oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana, California.

Ante la tercera víctima, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló en un comunicado de prensa que estos incidentes no pueden verse de manera aislada. “El gobierno de México ha hecho un llamado al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que mediante su división de Derechos Civiles, acompañe la investigación de estos tres casos para asegurar que se conduzcan con transparencia y en su caso, se deslinde la debida responsabilidad penal o civil a que haya lugar”.

Asimismo, se sumó al llamado de organizaciones civiles que urgen avanzar en la revisión de las políticas y prácticas de uso de la fuerza de las corporaciones policiacas del vecino país del norte.

“En estos tres lamentables casos, el gobierno de México hará uso de todos los recursos disponibles para velar por el interés de las familias de las víctimas, con el fin de que tengan pleno acceso a la justicia de conformidad con las leyes aplicables”, concluyó la SRE.

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