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Urgen políticas públicas para combatir turismo sexual infantil

Después de Tailandia, México ocupa el segundo lugar en turismo sexual infantil, afirmó Blanca Ivonne Olvera Lezama, licenciada en derecho por la UNAM, quien aseguró que durante los últimos 15 años, se ha estimado una cifra de 16 mil víctimas al año.


Por la dignidad de la persona humana


Al participar como ponente en el foro “Panorama de los Derechos humanos, retos para el 2015”, que se llevó a cabo este miércoles en la Ciudad de México, en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la autora del libro “Turismo sexual infantil. Políticas públicas para su prevención”, consideró grave la situación en el país respecto al delito, ya que muchas veces queda impune por ignorancia del mismo.

“El turismo sexual infantil es una forma de explotación comercial que forma parte de rubros como la pornografía infantil, prostitución y el tráfico de personas, temas que la sociedad reconoce como problemas; sin embargo, el turismo sexual infantil pasa desapercibido porque se desconoce en su totalidad y se confunde mucho con la trata de personas”, apunto.

En la conferencia realizada por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC, en coordinación con la Fundación Konrad Adenauer, la maestra en administración pública detalló que el turismo sexual infantil se encuentra principalmente en países que están afectados en su economía, sufren de pobreza, desempleo, inseguridad, delincuencia organizada y narcotráfico y que por ello en México el delito es un cáncer que ha crecido silenciosamente.

Cuestionó que si en 2011 la población en México era de 112 millones 336 mil 538 habitantes y hasta la fecha sólo el 25 por ciento, es decir, 28 millones de la población genera un ingreso, los otros 84 millones de mexicanos ¿de qué viven?

“Ello muestra un panorama de la falta de recursos que lleva a la población mexicana a la situación de desempleo, hambre, ausencia de servicios como educación y salud, situación que vulnera a la sociedad, ya que genera delitos, de lo cual los más afectados son los menores, que se convierten en carne de cañón de explotación sexual comercial infantil”, explicó.

Olvera Lezama mencionó que la falta de datos oficiales sobre el problema, aunado a la indiscriminada promoción de México como destino turístico para atraer capitales, entre otras razones, ha dificultado el diseño de los programas y las políticas públicas en la materia, así como la medición del impacto del delito que nos ocupa. Sin embargo, dijo, ya es posible subsanar el vacío de estadísticas y fomentar el desarrollo de una metodología para medir los resultados de las políticas públicas que se implementen.

Por otra parte, el 30 de abril del 2007 el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México aplaudió la integración del turismo sexual infantil como delito grave en el Código Penal Federal de entidades como: Colima, DF, Baja California Norte y Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.

“Por ello el turismo sexual está presente en Guerrero, Guanajuato, Veracruz y demás estados y no pasa nada, por que la conducta cuando no es tipificada o sancionada no es delito”, indicó.

La ponente enfatizó que por lo anterior, urge legislar para abatir el delito, “mi libro por eso lo llamo ‘políticas publicas para su prevención’, porque planteo cuánto cuesta hacer la propuesta legislativa; a quiénes va a impactar; cuánto le va a costar al estado y a cuántos niños va a beneficiar… Para comprender el problema es necesario contar con información histórica y actual que nos ayude a proponer alternativas de políticas públicas en torno del turismo sexual infantil. Asimismo, se requieren diversos criterios, jurídicos, económicos y políticos, para abordar la cuantificación de los resultados de estas políticas públicas para confrontar sus costos y establecer el impacto de sus beneficios”.

Citó además el artículo 203, el cual fue reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 27 de marzo de 2007:

“Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o mas personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo. Al autor de este delito se le impondrá una pena de siete a 12 años de prisión y de 800 a dos mil días multa”, (termina la cita).

La especialista urgió la necesidad de actuar contra el delito, ya que las víctimas de turismo sexual infantil son menores de edad que ven afectado su desarrollo psicosexual.

“Estos niños, una vez que crecen y llegan a ser adultos, sufren alteraciones de su personalidad que los orillan a desarrollar conductas antisociales de violencia de diversa índole, las cuales pueden derivar en delitos sexuales, narcotráfico e, incluso, homicidio. Es decir, que las víctimas de hoy pueden ser los victimarios de las próximas generaciones”, externó.

Olvera Lezama insistió en combatir el delito lo antes posible. “El Estado nos da esa facultad a través del articulo cuarto constitucional, el cual dice que apoyará a cualquier política publica que tenga relación con el interés superior de la niñez, pone a niños sobre todas las personas”.

Al término de la conferencia, la actuaria Eugenia Diez Hidalgo, presidenta de la CMDH, otorgó un reconocimiento a la expositora agradeciendo así su interés por la defensa de los derechos humanos en México.

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