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Lucy Pérez: Ley de niños responde a demandas de padres de familia

Consciente de que no existe ley perfecta, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena reconoció el trabajo realizado por las legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Baja para enriquecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.


Ley de niños, mayor beneficio


“Ahora esperamos que este nueva ley –aprobada en lo general y particular en la sesión del pasado jueves–, sea para el mayor beneficio de nuestra niñez mexicana”, apuntó la legisladora del Grupo Parlamentario del PAN e integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados.

Al hacer un balance, Pérez Camarena indicó que la referida ley fue aprobada con modificaciones, después de un proceso que inició el primero de septiembre con el envío de esta iniciativa preferente por parte del titular del Ejecutivo Federal al Senado de la República.

Recordó que la visión original de la iniciativa fue percibida como meramente asistencialista, por lo que las senadoras y senadores de la República realizaron un gran trabajo para lograr que este instrumento jurídico se modificara hasta en un 80 por ciento del texto original; esto, para lograr una ley garantista y con el abordaje de varios temas que impactan en la actualidad a nuestra niñez mexicana.

Pérez Camarena indicó que la iniciativa, tal como fue turnada del Senado a la Cámara de Diputados, reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; establece el Registro Nacional de Asistencia Social; crea la Procuraduría Federal de Protección; se establece la obligación de garantizar los recursos presupuestales necesarios para asegurar la operatividad de la ley; se crea el Sistema Nacional de Protección Integral como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y amplia el marco de protección a niñas, niños y adolescentes migrantes, entre otros.

Aclaró, sin embargo, que un amplio sector de la población, primordialmente organizaciones de la sociedad civil y padres de familia, alertaron sobre el riesgo de que en la presente ley se crearan “derechos sexuales y reproductivos” para niñas, niños y adolescentes, pues este concepto no se establece en ningún instrumento internacional signado por el Estado mexicano ni ratificado por el Senado de la República, por lo que, de haberlo incorporado, se prestaba a la interpretación de que las niñas y niños, primordialmente, podrían recibir, sin el consentimiento de sus padres, “y lo subrayo, sin el consentimiento”, anticonceptivos, información sin supervisión paterna o materna e, incluso, la posibilidad de acceder a un aborto sin conocimiento tampoco de sus padres, lo que pondría su salud seriamente en riesgo.

La legisladora del PAN recalcó que después de un arduo debate, el jueves 23 de octubre, Acción Nacional presentó reservas para modificar los artículos 50, 57 y 58 de esta ley a fin de modificar el concepto de “derechos sexuales y reproductivos” de la minuta enviada por el Senado de la República.

Agregó que a tales reservas también se sumó el PRI, de tal suerte que en el artículo 50 quedó establecida la posibilidad de proporcionar asesoría, información y orientación sobre salud sexual y reproductiva, término que abarca una visión desde la salud y que implica una mayor integralidad y no deja espacio a la interpretación con supuestos derechos que aún siguen en debate.

Por otro lado, dijo, en el artículo 58 también se eliminó el mismo concepto y se acota que se promoverá la educación sexual integral conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes, que les permitan ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Lucy Pérez resaltó que con estas modificaciones se atiende al interés de proporcionar una educación integral, pero que ésta sea acorde a su nivel de desarrollo y cuidando en todo la dimensión de la dignidad de nuestra niñez.

Por otro, puntualizó que Acción Nacional logró incorporar un punto por demás relevante en el artículo 57: que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a participar en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en otras palabras, la facultad que los padres tienen para educar a sus hijos.

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