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Las reformas a favor de la vida no criminalizan a la mujer

Las 18 reformas constitucionales a favor del respeto al derecho a la vida que se han aprobado en igual número de entidades del país, tienen como propósito fundamental brindar protección al derecho más importante de la humanidad, desde su inicio en la fecundación/concepción.

 Reforma a favor de la vida en 18 entidades

Es erróneo, por tanto, señalar que dichas reformas “criminalizan a la mujer”, sobre todo cuando se desconoce que en México el aborto es un delito que históricamente ha sido tutelado por el sistema jurídico mexicano.

Desde 1871, se tipificó la práctica del aborto como un delito. En consecuencia, un delito no puede ser un derecho.

Y es que, para hablar con exactitud, habrá que aclarar que ni siquiera en la Ciudad de México el aborto se ha despenalizado en su totalidad, pues después de la doceava semana de gestación su práctica se considera como un delito.

El respeto y protección del derecho a la vida desde su inicio en la fecundación/concepción, no es una moda o una vieja práctica de ciertos sectores o grupos de la sociedad. Por el contrario, es un principio de legalidad que en los últimos seis años ha sido respaldado no sólo por representantes de la sociedad civil, sino por legisladores de todos los partidos políticos de México. Sí, de todos, tanto de derecha, centro y de la llamada izquierda.

Durante ese lapso, la aprobación de las reformas constitucionales a favor del respeto al derecho a la vida ha contado con el voto mayoritario de diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Convergencia, PT y partidos locales, sin excepción.

Es así como, desde hace casi seis años, inició en el país un cambio sustancial en la consolidación de los derechos de todas y todos los mexicanos, al aprobarse democráticamente las reformas en la mayoría de los estados de la República, a través de las cuales se elevó a rango constitucional el derecho a la vida desde su inicio en la fecundación/concepción.

Es importante también subrayar que la aprobación de las 18 reformas constitucionales a favor de la vida no ha derivado al mismo tiempo en un incremento a las penas por el delito de aborto. Habrá que reiterar que el delito de aborto está tipificado desde hace más de 140 años en los códigos penales de todas las entidades del país y del Distrito Federal.

En prácticamente la totalidad de los Códigos Penales del país se han mantenido intactas las excusas absolutorias que hacen posible que ninguna mujer sea encarcelada: si comete aborto en caso de violación, si corre peligro la vida de la madre o existe malformación congénita, principalmente.

La mujer no tiene el derecho a abortar, tiene derecho a que no se le aplique la pena de cárcel si comete o lleva a cabo un aborto en caso de violación, peligro de vida para la madre, malformación congénita del bebé por nacer o por accidente.

Jurídicamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede desconocer el carácter soberano de las entidades federativas para modificar su Constitución y elevar a rango constitucional el derecho a la vida.

La Corte, por tanto, respeta plena y absolutamente las reformas constitucionales que garantizan el derecho a la vida, las cuales, además, son acordes a los tratados, acuerdos y convenciones suscritas por el Estado mexicano, en particular la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Pacto de San José.

Los 18 estados que han reformado su Constitución local para defender el derecho a la vida desde su inicio en la fecundación/concepción, son: Chiapas, Querétaro, Baja California, Chihuahua, Campeche, Colima, Puebla, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Yucatán, Sonora, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca y Tamaulipas.

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