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Modificaciones a la NOM-046 flexibilizan aborto por violación

En entrevista exclusiva para Yo Influyo, Rocío Gálvez, presidente del Comité Nacional Provida, señaló la importancia de las normas que se están elaborando en la Secretaria de Salud, ya que éstas son obligatorias y de carácter nacional, es decir, tanto los funcionarios públicos como los servidores de salud privados tienen la obligación de cumplir lo que en ellas se estipula y además tienen repercusión en todo el país.


Comité Provida; Rocío Gálvez, entrevista


Asimismo, Gálvez indicó que el responsable de todas las normas que se expiden y que se publican en el Diario Oficial es el Poder Ejecutivo, es el presidente de México Enrique Peña Nieto, el secretario de Salud y el subsecretario, el Dr. Pablo Kuri. Son ellos los que tienen un voto de calidad. “Los que pertenecemos a esta instancia podemos sugerir o proponer, pero ellos deciden qué se queda y qué no”, aclaró.

La NOM-046 es una norma oficial que se expidió en el 2005 para prevenir la violencia familiar y sexual contra las mujeres, brinda los criterios para la prevención y atención. “El fin de la norma en general es muy noble, pero hemos visto que grupos abortistas han pervertido algunos de los puntos de esta norma y en el 2015 el grupo abortista GIRE introdujo la obligación para que el Estado mexicano proporcionara la mal llamada anticoncepción de emergencia, que en realidad puede tener un efecto abortivo”, dijo.

El pasado 17 de febrero se aprobaron unas modificaciones a dicha norma para eliminar la obligación de la mujer de demostrar a las autoridades que ha sido víctima de violación. Anteriormente, en el 2005 se ponía un candado para que la mujer tuviera que acudir ante el Ministerio Público para acreditar que había sido víctima de la violación, ahora basta con que la mujer se presente ante el personal médico y diga bajo propuesta de decir verdad que ha sido víctima de violación para que se le proporcione una pastilla de emergencia o se cometa un aborto médico, recalcó.

“Esto es muy grave, además porque se está cambiando el término de aborto a interrupción voluntario del embarazo debido a una ley que se aprobó, la Ley de Atención a Víctimas, y realmente nosotros consideramos que simplemente esta es una forma de anestesiar las conciencias, nos va impidiendo ver la gravedad de estos actos que se están cometiendo”, lamentó Gálvez.

En la versión de 2005 se dejaba en claro que si una mujer era menor de edad estos procedimientos tenían que ser a solicitud de su padre o tutor conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. La versión que se acaba de aprobar el 17 de febrero indica que una niña de trece años en adelante puede ir a solicitar estos procedimientos sin que estén enterados sus padres o tutores.

“Realmente estamos frente a unos cambios muy graves, muy delicados. Estamos poniendo al personal de salud en unas situaciones muy difíciles porque ellos tienen la obligación o de cometer el aborto o dar las pastillas o si ellos son objetores de conciencia, tienen la obligación de canalizar a la persona con una institución o un profesional que no sea objetor de conciencia”, expresó.

Rocío Gálvez mostró preocupación por estas normas que en vez de apoyar y proteger a las víctimas, solapan a quienes promueven la violencia. “No necesitamos una sociedad donde se promuevan este tipo de prácticas, sino al contrario, necesitamos médicos muy conscientes de proteger de forma integral a sus pacientes y autoridades que hagan cumplir leyes para proteger a los más vulnerables”, comentó.

Finalmente, aprovechó para hacer un llamado al gobierno federal para que rectifique este tipo de normas, “ya que está en sus manos cambiar este tipo de normatividad que no favorece a la sociedad y que al contrario, nos van deshumanizando, nos van generando un clima de violencia al interior, incluso de las familias, y corrompen la práctica médica cuyo objetivo principal debe ser salvaguardar la vida e integridad de todos sus pacientes”, finalizó.

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