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Subrogación de vientres discrimina a la mujer, afirma jurista

Los contratos que las agencias elaboran para amparar la renta de vientres en México formalizan una realidad, pero ésta no deja de darse en condiciones de desigualdad social y en términos de explotación, afirmó la jurista Ingrid Tapia.


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La especialista en el tema y consultora del Early Institute destacó que lo que veladamente se conoce como “maternidad subrogada”, y que en términos reales es una explotación de mujeres con fines reproductivos (EMFR), tiene un punto central en la discusión de los grupos que la aprueban: la utilización de contratos que validen el “servicio” prestado y el apoyo del estado para hacerlos cumplir, en el entendido de que esto hará que se protejan los derechos de las mujeres gestantes.

“Los contratos que puedan celebrarse para tratar de formalizar una práctica como la EMFR son una falacia, porque darle formalidad a un acto no hace que éste se lleve a cabo en condiciones de igualdad; el hecho de permitir un contrato entre quienes no están en las mismas circunstancias -por su lengua, nivel educativo o económico-, daña a las partes involucradas y daña el interés público, al poner en riesgo a las mujeres que acceden desde su vulnerabilidad social”, argumentó la reconocida jurista.

Asimismo, precisó que los contratos que celebran las agencias de subrogación ante notario público no cambian de ninguna forma la naturaleza de la explotación.

Puso como ejemplo el caso concreto de Tabasco, donde se utilizan este tipo de acuerdos, y es justamente en ese estado donde se ha generado una enorme industria de turismo reproductivo que ha derivado en abusos y manejos no muy claros de la práctica, debido a que se pierde de vista la realidad de esta problemática, las circunstancias en las que son contactadas las mujeres y las enormes ganancias que obtienen de ellas las agencias de subrogación.

“Es un mercado verdaderamente redituable, al que poco le importa proteger a las mujeres involucradas”, aclaró la abogada constitucionalista.

Las personas no son un bien de consumo

Ingrid Tapia sostuvo que desde el punto de vista jurídico la situación es muy clara, toda vez que no pueden celebrarse contratos de compra/venta sobre las personas -mujeres y niños en este caso-, por la sencilla razón de que las personas no son un bien de consumo y la renta de vientres no es sólo eso, es la utilización del cuerpo y la salud de una mujer, y no sólo el vientre.

“Pretender que las personas piensen que los acuerdos contractuales regulados y/o supervisados por la autoridad es la manera más viable de impedir que el creciente mercado de mujeres gestantes sufra abusos, es querer vender una visión socialmente irresponsable de la problemática”, explicó Tapia Gutiérrez.

En este sentido, resaltó que la explotación no se da por la existencia o no de un contrato, sino por la realidad en la que éste se da: “la disparidad de conocimientos y la necesidades de una mujer que tiene que ofertar su cuerpo para resolver otras problemáticas, y son precisamente estas mujeres las que necesitan de nuestra protección”, resaltó al compartir la investigación “Maternidad Subrogada: Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos”, del cual es coautora.

Dijo que en fechas recientes países como Tailandia o la India pasaron de paraísos reproductivos a países con severas restricciones a la práctica, en el afán de terminar con los abusos que han enfrentado las mujeres gestantes involucradas. “Reflexionemos e investiguemos con seriedad sobre la viabilidad del tema: no es gratuito que países desarrollados como Alemania, Francia, Italia y España, por mencionar algunos, prohíban la EMFR”, concluyó la consultora del Early Institute.

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