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Plantean sanciones a quienes incumplan pensión alimentaria

Senadoras de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM) presentaron una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer sanciones a quienes incumplan con el pago de la pensión alimentaria, entre ellas la restricción para salir del país y la imposibilidad de obtener documentación oficial.


Por la defensa de los niños


La propuesta de ley busca además la identificación de padres o tutores que incumplan con esta obligación, a través de la creación de un registro nacional de obligados alimentarios morosos, que incluso contenga fotografía del demandado.

También plantea sanciones, conforme a las normas penales correspondientes, a los patronos o representantes legales que brinden información falsa a la autoridad judicial sobre el salario del deudor, o que no presenten los datos solicitados dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se les notifique.

La iniciativa de reformas fue presentada por las legisladoras Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón y Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN; Alejandra Barrales Magdaleno y Angélica de la Peña Gómez, del PRD; así como Lilia Guadalupe Merodio Reza, del PRI; y María Elena Barrera Tapia, del PVEM.

En el texto de la propuesta, las legisladoras de la Cámara Alta ejemplifican que en Chiapas, Coahuila y el Distrito Federal existen normas y registros estatales de morosos, pero es necesario homologar la norma a nivel nacional, a fin de hacer valer de forma inalienable e irrenunciable, el derecho a la alimentación que deben de gozar los infantes.

Plena identificación de morosos

Precisa que el registro de obligados alimentarios morosos estaría a cargo del DIF y contendrá los siguientes datos: nombre, apellidos, CURP, fotografía del deudor, monto de pagos incumplidos y datos del acta que acredite el vínculo con los acreedores alimentarios, entre otros.

Para hacer efectivas las restricciones a los morosos, se establece que autoridades de los gobiernos federal, estatales y municipales deberán solicitar la presentación del certificado de no inscripción en este registro para los trámites y procedimientos para obtener licencia y permiso para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje.

También deberán presentar este certificado quienes pretendan participar como candidatos a un cargo de elección popular; los aspirantes a cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial; y los proveedores de los tres órdenes de gobierno, entre otros.

En cuanto a las solicitudes de matrimonio, la iniciativa plantea que el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro, así como la situación que guarda respecto de estas obligaciones.

Con el objeto de garantizar estos procedimientos, la iniciativa apunta que quien tenga la guardia y custodia del menor no puede determinar a libre arbitrio que se haga cumplir o no el derecho a la pensión alimentaria; por el contrario, está obligado a denunciar la falta de pago de pensión ante el juez de lo familiar competente.

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