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Proponen Ley General de Protección de la Familia

La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (PAN), secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, advirtió que la familia mexicana se encuentra en una etapa de profundas transformaciones en sus funciones, roles y estructura, debido al crecimiento de los hogares monoparentales, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el incremento de la violencia intrafamiliar.


Cuidar a la familia mexicana


Dio a conocer que de acuerdo a datos del INEGI, en siete de cada 10 hogares el jefe o jefa de familia convive solo con sus hijos, o bien, con sus hijos y su cónyuge.

Destacó que la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH-2011 estimó que por cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 47 ha vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación, lo cual ha contribuido a que exista una desintegración del núcleo familiar.

Indicó que ante los cambios culturales, económicos y sociales que han influido en la integración de la familia y en sus tareas, se requiere fortalecer el marco institucional con el objeto de que se le proteja, se erradique la violencia y se redistribuyan equitativa y solidariamente las responsabilidades entre hombres y mujeres.

Pérez Camarena mencionó que para construir una política pública que cree las condiciones educativas, económicas, laborales, habitacionales y de seguridad social, que estimulen la responsabilidad del núcleo familiar, se diseñó la Ley General de Protección de la Familia.

La legisladora panista añadió que este ordenamiento jurídico tendrá por objetivo establecer criterios generales en la instrumentación de políticas públicas para la protección de la organización y desarrollo de la familia, en el marco del ejercicio de sus derechos sociales, bajo una perspectiva de igualdad y de respeto irrestricto al interés superior de la niñez.

Dijo que ese proyecto se sustentará principalmente en el artículo cuarto de la Carta Magna, ya que introduce en sus disposiciones la corresponsabilidad de los progenitores en el cumplimiento de sus obligaciones y procura la vida familiar en común sin supeditar el cumplimiento de la convivencia entre el padre y la madre, ya que uno de sus objetivos es promover la seguridad jurídica de los menores.

Aseguró que la reforma sentará las bases para que el Estado garantice la organización y desarrollo de la familia en su constitución y autoridad, como la base necesaria del orden social, indispensable para la existencia y desarrollo del Estado democrático.

Asimismo, añadió, promoverá como un deber social y jurídico la protección económica y social de la familia y la permanencia de ésta como elemento esencial para su evolución.

Puntualizó que implementar acciones a favor de la familia proporcionará las garantías necesarias para ofrecer a sus miembros una leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas, y así lograr que se convierta en el espacio primario de la responsabilidad social.

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