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Promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción

La promulgación de las reformas secundarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción es un banderazo de salida; viene ahora el reto de implementarlo.

La promulgación de las reformas secundarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser vista como un banderazo de salida, más que como la conclusión de un proceso, que para fines prácticos, apenas comienza.


México; Sistema Anticorrupción


Todo está por hacerse en la transformación que México necesita llevar a cabo para abatir el cáncer de la corrupción y la impunidad, que se ha asentado no sólo como el mayor obstáculo para el progreso democrático y económico, sino como raíz de los más diversos y agudos problemas de la nación.

La reforma lograda es un paso fundamental en la dirección correcta. Crea un andamiaje institucional robusto para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, considerando tanto a actores del sector público como del sector privado, a través de las nuevas disposiciones: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y las leyes Orgánicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Procuraduría General de la República para crear la Fiscalía Anticorrupción, así como las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y al Código Penal Federal.

Sin embargo, reiteramos: este es el punto de partida; viene ahora el desafío más importante. De entrada, el gran reto de la implementación: su adecuada articulación y coordinación, la selección de los funcionarios y de los integrantes del comité ciudadano, y asegurar que aspectos fundamentales para el éxito del sistema se precisen y aseguren por los órganos de decisión.

Destacamos tres prioridades críticas en este proceso de instrumentación:

Primero: el apuntalamiento de una autonomía real de gestión de la Fiscalía Anticorrupción y que ésta y los otros mecanismos de fiscalización, auditoría y control administrativo cuenten con facultades efectivas y recursos para su funcionamiento.

Segundo: garantizar que funcione el sistema “3 de 3” de declaraciones de interés, patrimonio y situación fiscal. Se requiere de la mayor transparencia y publicidad posible, sin vulnerar la protección de los datos personales garantizada en la Constitución, para que pueda haber una verdadera fiscalización tanto desde el estado, como por parte de la sociedad, a través de organizaciones ciudadanas y la prensa, por supuesto.

Tercero: dada la adaptación que debe hacerse en la legislación a nivel local, resulta clave que la reforma anticorrupción no se descomponga al bajar a las entidades federativas, y menos aún permitir que se pervierta con fines contrarios al sentido fundamental.

Aquí tiene que haber un estrecho seguimiento por parte de los poderes de la Federación, los órganos implementadores y de coordinación a nivel federal y desde la sociedad civil local y nacional.

Uno de los mayores problemas en estos terrenos reside en el orden municipal y de forma cada vez más evidente en el estatal. Ahí se presentan regularmente casos escandalosos de abuso, tanto de actos de corrupción y patrimonialismo en la función pública, como de maniobras para reproducir la impunidad  y para burlar principios democráticos como la división de poderes.

Fue oportuna la decisión del Gobierno Federal de interponer acciones de inconstitucionalidad contra medidas improvisadas, con las que se ha pretendido hacer cambios en leyes estatales que pueden favorecer la impunidad de administraciones salientes, así como nombramientos para periodos sexenales de autoridades fiscalizadoras o de auditoría de dudosa legitimidad –incluso con acusaciones de nepotismo.

Pero hay que ir más allá de estas acciones jurídicas, para asegurar que no hay reformas estatales “a modo”: ningún “paquete de inmunidad” o simulación. Es momento de activar una instancia de seguimiento que vigile que efectivamente exista homologación, en todas las entidades, del marco legal e institucional indispensable para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción.

Es necesario coadyuvar, y de ser preciso intervenir, desde la Federación y la ciudadanía –a nivel estatal y nacional–, para que las transiciones de gobierno en los estados sean ordenadas,  que impere el Estado de derecho y se dejen condiciones de gobernabilidad. Esta es una responsabilidad, tanto del mandatario saliente, como del mandatario entrante.

Están de por medio señalamientos muy graves de corrupción, además de decisiones de última hora de amplias consecuencias. Desde la creación de empresas fantasmas, con socios apócrifos, para adjudicarles contratos en licitaciones amañadas, hasta despojos a particulares de inmuebles.

No puede aceptarse que estas acusaciones de corrupción indignante queden sin una investigación profunda, y si es necesario y consecuente, que se tomen las medidas necesarias de cumplimiento de la ley.

Tampoco se pueden permitir situaciones como las que se ven de endeudamientos súbitos o enajenación de propiedad pública para tapar boquetes en las arcas públicas, en medio de la incapacidad de cubrir compromisos con proveedores o pensionados. Sólo en Veracruz hay un posible daño patrimonial por al menos 9 mil 500 millones de pesos, detectado en la última cuenta pública presentada por la Auditoría Superior de la Federación.

Hay material de sobra para seguir investigaciones serias y a fondo, y en su caso, proceder con las correspondientes sanciones administrativas o penales. Es necesario que se dejen cuentas claras de todos los gobiernos que salen, y que  los reciban satisfactoriamente y con compromiso los gobiernos que entran. La rendición de cuentas es indispensable para que funcione la democracia.

Veamos este reto como una oportunidad para demostrar, con ejemplaridad, que México va a fondo contra la corrupción y la impunidad.

La “prueba de fuego” de la reforma anticorrupción es la determinación política y de la sociedad para que los cambios en la legislación se traduzcan en cambios reales en todo el país.

Esto implica puntualmente aplicar la ley, sin excepciones ni discrecionalidad, para reducir sensiblemente los actos de corrupción, a todos los niveles, y someter a la justicia a quienes los cometen. Se trata de cambiar el panorama: pasar de una sucesión ininterrumpida de escándalos que rara vez se aclaran, al compromiso profundo contra la impunidad. Este es un compromiso de todos, cada quien con lo que nos corresponde hacer.

@yoinfluyo

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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