¿En qué consisten las propuestas de reformas del Ejecutivo en materia hacendaria?

Una vez más, el tema de la reforma hacendaria está siendo objeto de debate y pugna política en el Congreso de la Unión, al grado de que su discusión y análisis se ha postergado para el próximo periodo de sesiones que iniciará el 1 de septiembre.

Como es sabido, el pasado 20 de junio, el Ejecutivo Federal presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 7 iniciativas de reformas en materia hacendaria con el propósito de garantizar que los recursos públicos se ejerzan de manera eficiente y beneficien a todos los mexicanos, principalmente a los que menos tienen.

La Comisión Permanente, integrada por 37 legisladores del Congreso de la Unión, tuvo la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para analizar el paquete de reforma hacendaria presentado por el Ejecutivo.  Sin embargo, los distintos argumentos vertidos por los partidos políticos, algunos de fondo y otros con fines meramente dilatorios, han postergado, una vez más, el análisis de una de las reformas estructurales más importantes para el país.

En eso sí existe consenso desde hace ya bastante tiempo: la reforma hacendaria integral es indispensable. Esperamos que nuestros legisladores asuman con responsabilidad el reto de revisar a fondo las propuestas del Ejecutivo y enriquecerlas, no sólo desde su óptica partidista, sino con una visión de Estado que permita construir a partir de las coincidencias y que integre las recomendaciones y sugerencias que se han hecho desde distintos ámbitos de los sectores empresarial, académico y profesional.

1. Reformas constitucionales en materia hacendaria y de gasto público

El Ejecutivo Federal presentó dos iniciativas de reformas constitucionales, con sus respectivas propuestas de reformas a las leyes secundarias, que tienen como principales propósitos:

2. Reformas legales para fortalecer el Federalismo Fiscal

En congruencia con las reformas constitucionales y con el propósito de fortalecer el federalismo fiscal destacan las siguientes propuestas:

3. Ley del Impuesto de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU)

Esta iniciativa es la que ha causado mayor polémica, sobre todo entre el sector empresarial, al establecer la obligación a las empresas de pagar la contribución que resulte más alta, entre el cálculo del CETU y el Impuesto sobre la Renta.

El CETU es un impuesto mínimo de control para las empresas con una base amplia que le cierra espacios para la evasión, la elusión y los privilegios fiscales. Se determina restándole a los ingresos de las empresas los insumos que adquirió para producir y la inversión. Sobre la cantidad resultante se aplica la tasa y el impuesto grava esa diferencia.

Para determinar el gravamen del ejercicio, se permite acreditar contra la CETU: el crédito fiscal derivado de aplicar la tasa a la diferencia entre las deducciones autorizadas y los ingresos gravados  del ejercicio, siempre y cuando las primeras sean mayores; y el impuesto sobre la renta propio y retenido a terceros del ejercicio.

La Secretaría de Hacienda ha señalado que este impuesto no necesariamente implica que las empresas tengan que pagar más impuestos, puesto que todas aquellas empresas y personas con actividades empresariales que estén pagando sus impuestos sin recurrir a planeaciones fiscales agresivas o a mecanismos de elusión, pagarán exactamente lo mismo que ahora, con la ventaja de que tendrán incentivos para invertir más en bienes de capital, como la maquinaria y los equipos, que favorecen la productividad.

Además la nueva ley permite deducir las erogaciones para la formación bruta de capital, la cual comprende maquinaria, equipo, terrenos y construcciones, además de los inventarios. Asimismo, se permiten deducir las contribuciones locales y federales, con excepción de la CETU, el ISR, el Impuesto contra la Informalidad, las aportaciones de seguridad social y aquéllas que se trasladen.

4. Ley del Impuesto contra la Informalidad 
El impuesto contra la informalidad gravará a una tasa del 2% únicamente los depósitos en efectivo que reciban las personas físicas y morales, cuyo monto acumulado exceda de $20,000.00 pesos mensuales, en una o varias de sus cuentas abiertas en instituciones financieras.
No se considerarán depósitos en efectivo, los que se efectúen mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las leyes aplicables.

Para evitar el impacto de esta contribución a los sujetos que cumplan con sus obligaciones fiscales, se propone que el impuesto contra la informalidad sea acreditable contra el Impuesto Sobre la Renta a cargo del contribuyente.

5. Subsidio para el Empleo
El subsidio para el empleo se determinará aplicando a los ingresos que sirven de base para el cálculo del impuesto sobre la renta, el monto del subsidio mensual para el empleo que le corresponda de acuerdo con la tabla que al efecto se propone, la cual tiene montos decrecientes en los que a mayor ingreso menos monto de subsidio.
En los casos en que el impuesto a cargo del trabajador sea menor al subsidio para el empleo, el patrón entregará al trabajador la diferencia.

El patrón podrá acreditar el monto del subsidio entregado a los trabajadores contra el ISR a su cargo o del retenido a terceros.

Además se otorga un crédito fiscal a las empresas sujetas a la contribución empresarial a tasa única (CETU) respecto de las remuneraciones pagadas a sus trabajadores que tributen en el impuesto sobre la renta a una tasa menor que la de la citada contribución.

6. Reformas para mejorar facultades de comprobación y recaudación
También se propone reformar diversas disposiciones fiscales con el objeto de mejorar la eficiencia de las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación y recaudación:

- A la Ley del impuesto Sobre la Renta, a efecto de regular con mayor precisión aspectos relativos a: las Entidades de Ahorro y Crédito Popular; los depositarios de valores; las pérdidas en enajenación de acciones;  las Sociedades de Inversión de Capitales; los préstamos, aportaciones y aumentos de capital en efectivo que reciban los contribuyentes; así como reestructurar la tarifa del impuesto sobre la renta de personas físicas,  sustituir las referencias a la ley del Impuesto al Activo, y en su lugar incorporar las relativas a la ley del CETU.

- Al Código Fiscal de la Federación, con el objeto de: promover el uso extendido de la firma electrónica avanzada; regular con mayor precisión las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, incluso las relativas a personas no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes; ampliar los términos de la responsabilidad solidaria; así como, precisar algunos aspectos penales en materia fiscal.