Informar bajo fuego cruzado

El gremio periodístico enfrenta una doble amenaza: la de quienes físicamente lo atacan y aquella de la autoridad, que con sus omisiones genera un ambiente de impunidad que incentiva la violencia criminal.

A una larga, larguísima lista de periodistas asesinados en los más recientes años se sumaron cuatro más, en el estado de Veracruz, durante la víspera del Día Internacional de la Libertad de Prensa.

Esta situación llevó a Reporteros Sin Fronteras a declarar, a través de su vocera Balbina Flores, que "Veracruz vive prácticamente en un estado de emergencia sobre el cual las autoridades estatales y federales tienen que poner una atención inmediata".

Amargamente, debemos señalar que cambiando el nombre de "Veracruz" por los de una docena de estados esas palabras siguen siendo válidas y pertinentes: prácticamente no hay una región del país en la que el periodismo se ejerza en un ambiente de paz social y con seguridad para los informadores.

Incluso la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió que por este peligroso entorno México se encuentra en la "zona roja dentro del radar de organismos internacionales".

En este ambiente son especialmente vulnerables los medios de comunicación locales y estatales, en los que se ha cebado la delincuencia.

Son los periodistas que se encuentran en nuestras fronteras, en las áreas rurales, en las ciudades alejadas del poder político centralista, quienes enfrentan un riesgo más acusado al cumplir su deber. Informar no desde un escritorio, sino desde el campo de batalla que hoy son muchos estados mexicanos, ha probado repetidamente tener un costo que se paga en sangre.

La respuesta de la autoridad es poco más que simbólica. Tenemos, sí, una Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y una Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Esta institución y esta ley son, en los hechos, tan estériles para combatir el crimen como el resto de los componentes del Estado mexicano.

Es por ello que —aun cuando fue publicado en 2010— sigue teniendo vigencia el famoso editorial en el que un diario de la frontera norte preguntó directamente a los narcotraficantes "¿qué quieren de nosotros?", en un reclamo del que innumerables rotativos pueden hacerse eco, pues ante la inoperancia de la autoridad, sólo queda apelar a quien tiene el poder real: la delincuencia organizada.

País silenciado, democracia imposible

En abril se llenaron de luto las familias de Regina Martínez, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, pero también el gremio periodístico entero y miles de mexicanos.

Mal haremos en creer que se trata de un problema de Veracruz o un problema de la prensa, pues estos crímenes han puesto en jaque a uno de los más preciados valores de una sociedad: la información.

Pues al proteger al periodismo lo que en realidad garantiza un Estado es la posibilidad de contar con una democracia real, la cual nuestro país jamás podrá construir si permite que la verdad sea un daño colateral de la guerra contra el narco.

Twitter: @Yoinfluyo